El Consejo Municipal Provincial de Trujillo encabezado por el alcalde, Jose Ruiz Vega, acordó en sesión ordinaria, denunciar penalmente al presidente Francisco Sagasti y el ministro de salud, Oscar Ugarteche por los delitos de genocidio (homicidio culposo) y omisión de funciones, declarándolas personas no gratas por ser los directos responsables de las miles de muertes de peruanos por su inacción, ineficiencia, ya que el gobierno recortó el presupuesto municipal, no proveyó plantas de oxígeno a la ciudad de Trujillo, ni balones ni medicamentos ni mascarillas ni elementos de bioseguridad, en la cantidad que se necesitaba para contener la pandemia, menos a la vacunación masiva.

El acuerdo municipal autoriza al Procurador Municipal iniciar las acciones legales por la forma intencional como han manejado la crisis sanitaria de manera ineficiente, a espaldas de las peticiones urgentes de ayuda de la población peruana, desprotegida y sometida a condiciones infrahumanas de sobrevivencia, mintiendo en cuanto a la llegada de las vacunas y contenciones de la crisis sanitaria.

Asimismo, el Consejo Municipal, da plazo de 48 horas al presidente Sagasti para atender las solicitudes de presupuesto y de las facultades para la compra de vacunas, de lo contrario amenazan con tomar medidas radicales de protesta en defensa de los derechos de vida y salud de la población, así como declarar a la ciudad de Trujillo en duelo permanente por las miles de muertes ocasionadas desde el inicio de la pandemia, teniendo como único responsable al gobierno nacional al no implementar medidas políticas eficientes en el control y contención de la pandemia sanitaria.

Recordemos que el alcalde de Trujillo, Jose Ruiz Vega, el 31 de marzo, presentó una demanda de amparo en contra del gobierno del presidente de la República Francisco Sagasti, a fin de que se inaplique los artículos 4° y 5° de la Ley 31091, que garantiza el tratamiento preventivo y curativo de la citada enfermedad del coronavirus, por afectar los derechos fundamentales de la vida y la salud. La demanda concreta al juez es que el Poder Judicial ordene al Gobierno Central se permita el acceso a la MPT para que pueda intervenir en el mercado internacional para la adquisición de vacunas, ya que la Ley 31091, impide que los gobiernos locales puedan comprar vacunas para la población y solicitó que el órgano judicial admita nuestra demanda.