El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde elevó un informe al fiscal de la Nación Tomás Gálvez, en el que concluye que existen indicios reveladores que acreditan la comisión del delito de cohecho activo específico por el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. Este ilícito consiste en sobornar a un magistrado o fiscal con el objeto de influir en su decisión sobre un asunto que conoce, y se sanciona con privación de la libertad entre cinco a ocho años.

Casaverde sostiene que Gorriti habría dirigido, en base a su relación con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, la investigación del Caso Cocteles, que tuvo como principal imputada a la presidenta electa Keiko Fujimori. Además, le imputa haber influido en decisiones sobre cambios en el Ministerio Público, y de presionar mediáticamente a magistrados a través del medio que dirige. Según el fiscal, Vela y Pérez se habrían beneficiado con la línea editorial de IDL Reporteros e informaciones que respaldaban su labor. A cambio Gorriti habría recibido información reservada de investigaciones fiscales. En eso habría consistido el soborno.

El fundamento de las imputaciones son declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, a quien también acusa de ser cómplice de Gorriti. El Ministerio Público ha negado la colaboración eficaz que Villanueva solicitaba para otros numerosos hechos supuestamente delictivos, porque sus dichos no pudieron ser corroborados. En el caso de Gorriti, tampoco existe corroboración que permita sostener la existencia de “indicios reveladores” sobre supuestos donativos o ventajas que habría entregado, ofrecido o prometido. Se trata de especulaciones que amenazan la relación de los periodistas con sus fuentes.

En diciembre del 2025 el propio fiscal Casaverde decidió archivar el caso porque concluyó que los hechos imputados a Gorriti carecían de relevancia penal. Una decisión superior promovida por la Procuraduría y un denunciante particular, le ordenó que se pronunciara nuevamente. En su informe no expone ningún cambio en los hechos entre las razones para variar su posición. Resulta llamativo que reconozca la existencia de presión mediática en su contra, aunque sostiene que eso no afectó su criterio.

El IPYS opina independientemente de los puntos de vista de un medio de comunicación, en función de afectaciones a la libertad de prensa. En el caso concreto, la línea editorial de IDL Reporteros, así como la relación de sus periodistas con sus fuentes que son magistrados, no puede ser criminalizada, considerando hechos delictivos intercambios de opiniones o información. En el caso de que hubiera habido filtración de información reservada, los sujetos de investigación tendrían que ser los supuestos filtradores y no los periodistas. Vela y Pérez también están imputados por Casaverde.

Por tales consideraciones, invocamos al fiscal de la Nación que desestime las consideraciones y conclusiones del informe del fiscal Casaverde en relación con Gustavo Gorriti.

Fuente: Instituto Prensa y Sociedad

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