El gobernador regional Rohel Sánchez, el 05 de marzo, mediante oficio 0087-2025-GRA/GR, dirigido al presidente del Consejo Regional de Arequipa, Osias Ortiz, le informó que el acuerdo regional 032-2025 por el cual se citó al gerente regional de Energía y Minas para interpelarlo el jueves 06 de marzo es ilegal, por lo que devuelve dicho acuerdo al legislativo regional, por lo que, en los hechos, el funcionario cuestionado no asistiría a la citación cursada.

Sánchez, señala que la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del GRA, emite el informe por el cual refiere que la interpelación comprendida en el Reglamento Interno del Consejo Regional carecería de sustento legal y contraviene la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Constitución ya que el Consejo se atribuye una competencia que se encuentra fuera de su ámbito y que es de exclusiva competencia del Congreso ante el Poder Ejecutivo, pero también contraviene la Ley de Bases de la Descentralización.

En tal sentido, el gobernador Sánchez, afirma que la interpelación contra el gerente Iván Prado, contenida en el acuerdo regional 032-2025 carecería de sustento legal, por lo que procede a devolver el acuerdo regional 032-2025al Consejo Regional a efecto que se tome en consideración la opinión vertida por el órgano de asesoramiento y se deje sin efecto el referido acuerdo regional.

Breve comentario

El Consejo Regional ha sido convocado oficialmente para el jueves 06 y ante la respuesta del gobernador Sánchez, los consejeros de mayoría o minoría tendrán que sustentar una posición institucional en defensa de su fuero de control político. La argumentación del gobernador tiene incongruencias y vacíos. Más aún, cuando en esta gestión regional ya se interpelaron a otros gerentes regionales. Si el ejecutivo regional estima que la interpelación considerada en el Reglamento Interno del Consejo Regional y aprobada mediante ordenanza que tiene categoría de ley regional viola la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, debieron presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Consejo Regional ante el Tribunal Constitucional para pedir su expulsión y no lo han hecho.

Eso hubiera provocado un enfrentamiento institucional interno y puesto em aprietos a la Procuradora Regional, porque no sabría si debía defender al ejecutivo o legislativo regional. El tema no es solo jurídico, sino ético y moral. Ningún gerente ni funcionario regional puede comportarse como lo hizo Prado ante los consejeros y a dicho funcionario debería aplicarse el Código de Ética de la Función Publica. Una vergüenza que Sánchez avale ese tipo de comportamientos y lamentable que Prado no haya tenido la hidalguía de pedir disculpas por su mala conducta. Veremos que sucede en la sesión extraordinaria del jueves 06 en el Consejo Regional de Arequipa.