El Instituto de Defensa Legal ha desarrollado una evaluación inicial sobre la decisión de la Junta Nacional de Justicia, que pretende retornar al cargo de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides Vargas, actualmente suspendida provisionalmente por 2 años del cargo de fiscal suprema por ser un riesgo en la investigación que se le sigue a raíz del caso “Valquiria”.

El Informe titulado “Esa resolución no existe. Los vicios y problemas estructurales del documento del presidente de la Junta Nacional de Justicia que ordena el retorno de la abogada Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, y el Golpe que aún pende sobre la Fiscalía y el sistema democrático en el Perú”, expone vicios básicos y estructurales de la decisión de la JNJ, alrededor de 7 puntos:

1. En el 2024, la JNJ ya había revisado la nulidad de parte presentada por Patricia Benavides. No puede hacerlo dos veces.
2. La JNJ se avocó a evaluar un caso que estaba siendo también evaluado en una demanda de amparo presentada por Patricia Benavides ante el Poder Judicial. Esto está prohibido.
3. La nulidad de oficio: no fue presentada por un integrante de la JNJ. Solo ellos tienen esa atribución.
4. La nulidad de oficio: la ausencia de publicidad y transparencia de las sesiones de la JNJ en donde (i) un integrante expusiera la propuesta de decisión, y donde (ii) se realiza la votación (incluyendo la motivación de fundamentos de voto).
5. La decisión de reincorporar a la abogada Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, sin tener la competencia para ello.
6. Una “resolución de la JNJ” inexistente: es un documento que cuenta solo con la firma de un integrante de la JNJ y no de los 7 miembros al ser una decisión de nulidad que exige la unanimidad.
7. Un documento sin la apariencia de legalidad ni validez: la violación a las normas sobre nombres y firmas de autoridades intervinientes, nominación del órgano decisor y notificación.

El Informe, que culmina en 9 conclusiones, busca evidenciar la gravedad de la decisión de la JNJ y, sobre todo, de su presidente, así como el impacto letal en la autonomía y la independencia de la Fiscalía, producto de una dinámica de copamiento del sistema de justicia desde el año 2022, informada por la sociedad civil a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe, evidencia la urgencia de los controles democráticos respecto de la JNJ, así como su renuncia.

 Instituto de Defensa Legal