Los congresistas de extrema derecha parlamentaria, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú) presentaron el miércoles 23 de octubre una denuncia constitucional contra los fiscales supremos, Delia Espinoza, Juan Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Avalos, a quienes acusan por infracción a la Constitución y por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

La denuncia fue presentada ante el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, quienes deberán procesar dicha acusación en la próxima semana respetándose siempre el debido proceso parlamentario.

Lo que en el fondo buscan los parlamentarios de extrema derecha es someterlos a un juicio político y posteriormente inhabilitarlos de la función lo que podría dar lugar a que sean retirados de sus cargos en los próximos meses, descabezándose al Ministerio Publicó y obligaría a una convocatoria publica de postulantes a plazas de fiscales supremos por parte de la Junta Nacional de Justicia, lo que confirmaría que los congresistas se entrometen en la administración de sistema de justicia, violando el principio de separación de poderes que consagra la Carta Magna.

La ofensiva de los legisladores de derecha contra los fiscales supremos es porque en las ultimas semanas el Ministerio Público ha emitido comunicados donde cuestionaba leyes que aprobó el Congreso que le restringía su autonomía constitucional de iniciar la investigación de delitos dándoles dicha facultad a la Policial Nacional, donde incluso los fiscales anunciaron que evaluaban la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad ya que consideraban que la ley aprobada lesionaba derechos que la Carta Magna le reconoce al Ministerio Público.