El Congreso de la república, en una demostración de venganza política contra Delia Espinoza, acaba de aprobar una ley destinada a impedir que un exfuncionario público que haya sido inhabilitado por el Congreso no puede ejercer o asumir un cargo directivo en un colegio profesional. En estos momentos la única persona a quien se aplicaría semejante disposición legal es la exfiscal Delia Espinoza, quien desde hace pocas semanas fue elegida como Decana del Colegio de Abogados de Lima.

Este asunto es mucho más grave cuando se constata que esa norma está incorporada en una disposición transitoria de la ley de creación del colegio profesional de artistas, el cual no tiene ninguna relación con el Colegio de Abogados de Lima. Además, el Congreso pretendería aplicar, o mejor dicho, imponer una disposición legal de manera retroactiva, ya que la elección y la asunción del cargo por parte de Espinoza se ha producido varias semanas antes.

Como han sostenido diversos especialistas la norma también resulta inconstitucional porque legisla con nombre propio y viola la autonomía y autogobierno del Colegio de Abogados de Lima. En recientes elecciones, Delia Espinoza fue elegida por el voto de 29,371 agremiados, en ejercicio también de su derecho fundamental de elegir y ser elegida. Es un golpe congresal contra entidades autónomas y el espacio cívico de la sociedad civil organizada.

El caso es más grave aún, toda vez que la norma apunta contra la autonomía del Colegio de Abogados de Lima, en medio de un escenario en el que el CAL ha venido decidiendo casos paradigmáticos como los de Patricia Benavides Vargas y Antonio Fernández Jerí y cuando tiene en trámite una denuncia ética profesional respecto de cinco integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, en medio del trabajo ético y anticorrupción que retomó y desplegó el Colegio en la gestión del exdecano Canelo. Es evidente además el conflicto de interés en la aprobación de esta norma, por parte de un Congreso que no solo apoyó a los denunciados ante el CAL, sino que sancionó y ha vuelto a sancionar con la inhabilitación a la actual Decana.

Para el IDL no cabe duda de que estamos ante una venganza política contra Delia Espinoza, debido al rol protagónico que tuvo en las denuncias constitucionales por diversos delitos contra un número importante de congresistas y la obtención de una sentencia condenatoria contra el propio presidente del Congreso de la república. Una venganza que se está traduciendo en un acto prepotente que afecta el propio orden constitucional y la autonomía de los colegios profesionales.

El Colegio de Abogados de Lima y todos los colegios profesionales constituyen una pieza clave de la existencia de una sociedad civil democrática que, en circunstancias del cierre de los espacios cívicos como los que vive nuestro país, deben jugar un papel fundamental en la protección y restablecimiento del estado de derecho, así como también en la denuncia de la corrupción política.

 Instituto de Defensa Legal

Foto Radio Onda Azul