Los ataques a la independencia judicial han recrudecido y se han convertido en una grave amenaza contra una de las pocas vallas institucionales que le quedan a la democracia en el Perú. Los agentes de esos ataques, como se sabe, son diversos grupos que actúan como una coalición en el Congreso bajo la jefatura oficial u oficiosa, manifiesta o furtiva del fujimorismo. La situación se ha agravado en el actual contexto electoral, y tiene el semblante de una arremetida contra el tiempo, ante el riesgo de perder algo de su actual capacidad de manipulación institucional en el siguiente periodo presidencial y legislativo.

El pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia realizado el 8 de mayo es, por ello, muy oportuno y constituye un llamado de atención que no deben desoír la sociedad civil ni la comunidad internacional. Si el proceso político funcionara con algún grado de institucionalidad democrática real, también cabría esperar una atención al problema de parte de las más de treinta personas que hace apenas un mes aspiraron a la Presidencia de la República. Pero ya se sabe que la enorme mayoría de ellos solo eran aventureros sin mayor conocimiento ni preocupación acerca de los asuntos públicos del país.

La Corte Suprema ha demandado el respeto de la autonomía de jueces y juezas y ha señalado de qué modo este principio es central para el sostenimiento de la democracia y para la garantía de derechos de la población. Su advertencia no es realizada en el vacío, sino a la vista de una escalada de ataques, persecuciones, represalias y campañas de desprestigio contra miembros de la judicatura que no se comporten de acuerdo con los deseos de la coalición del Congreso: esto abarca desde jueces que siguen adelante con procesos sobre corrupción que a aquella coalición le interesa bloquear y anular hasta aquellos que se niegan a aplicar leyes inconstitucionales y que no aprueban el control de convencionalidad, como aquellas dadas para garantizar impunidad ante violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.

En su pronunciamiento, la Corte Suprema informa que la Comisión de Venecia (Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa), al responder a una solicitud de opinión, señala haber advertido una “multiplicación de casos de críticas públicas, desinformación y retórica deslegitimadora contra el Poder Judicial y jueces concretos”.

Por su parte, el 23 de abril la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada se había pronunciado ya sobre los ataques y amenazas a jueces y juezas que inaplican leyes de impunidad –gesto de autonomía que ha motivado a Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y el más agresivo operario de esa coalición, a amenazar con “barrer” el Poder Judicial. En su pronunciamiento advirtió, entre varios puntos, que “los cuestionamientos que deslegitiman de manera generalizada y difamatoria la actuación constitucional de los jueces afectan el equilibrio de poderes, agravian el principio de independencia judicial y debilitan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y la democracia”.

En un gesto arbitrario que revela cuán “transparente” es la arremetida contra la independencia judicial, la Junta Nacional de Justicia ha negado recientemente la ratificación a un magistrado –el juez Oswaldo Ordóñez—por haber participado en una audiencia de la CIDH hablando sobre la situación de la independencia judicial en el Perú. Difícil hallar una demostración más inequívoca de que esa independencia está hoy en peligro en el país.

Ante esta gravísima situación, estos pronunciamientos y advertencias del Poder Judicial son no solamente legítimos, sino, sobre todo, indispensables. El autoritarismo está empeñado en “barrer” la institucionalidad democrática en el país y los resultados de las elecciones, cualquiera sea la dirección que tomen finalmente, asoman como un renovado peligro de que ese proyecto siga avanzando si es que no se multiplican reacciones como las de los pronunciamientos comentados.

 Editorial IDHPUCP