En el Perú, la independencia judicial no puede ser solo un principio abstracto ni un postulado académico. Es, hoy más que nunca, una necesidad práctica para la salud de nuestra democracia. La reciente situación del juez Segismundo León, criticado ferozmente por resolver un caso de alto voltaje político y jurídico, ilustra con claridad la maquinaria de demolición moral que puede activarse cuando un juez decide no alinearse a los intereses de los poderes fácticos.

Si su resolución hubiera sido distinta, no se le acusaría de “, “ideologizado” o “captado por una ONG” sino que habrían encontrado argumentos para tildarlo de corrupto, parcial o funcional al poder. Esta polarización constante niega el mandato del artículo 146.1 de la Constitución, que establece que ningún poder puede intervenir en la función jurisdiccional.

La prensa, el espectáculo político y la desinformación han convertido la crítica jurídica —legítima y necesaria— en linchamiento personal, anulando el análisis técnico del contenido de la resolución en favor de ataques ad hominem. La independencia judicial se prueba en estas coyunturas, no en la retórica académica.

Exigir que los jueces no se dejen presionar significa, también, que la ciudadanía debe resistir la tentación de convertirlos en blanco de campañas mediáticas o rumores interesados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la independencia de los jueces implica protegerlos tanto de presiones externas como internas, y en el Perú esto incluye cuestionar seriamente mecanismos como la ratificación periódica, que en la práctica opera como una espada sobre el criterio del juez.

No se trata de blindar la impunidad ni de exigir sumisión ante fallos discutibles, sino de entender que el control debe ser jurídico, no político ni emocional. El juez Segismundo León, al decidir conforme a su criterio técnico, ha cumplido su rol; atacarlo por no satisfacer intereses de un sector es erosionar el Poder Judicial y, con ello, nuestra institucionalidad.

Defender la independencia judicial no es defender a una persona, es defender la posibilidad de que todos, sin importar el momento político, tengamos un juez que falle según el derecho y no según la presión. El Perú no necesita jueces valientes solo en el discurso, sino en el estrado, aun a riesgo de ser crucificados por no servir a una causa ajena a la ley.

 Doctor Celis Mendoza Ayma – Docente Universitario y Juez Superior