Computado el 99 % de los votos registrados de las elecciones judiciales 2025 en México el domingo 01 de junio, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, informó en conferencia de prensa el jueves 05 de junio, que el candidato, Hugo Aguilar Ortiz, obtuvo 6 millones 5 mil 181 votos de un total de 99 millones de electores habilitados para sufragar, pero solo sufragaron 13 millones de ciudadanos, colocándolo como el candidato con mayor respaldo en esta elección.

La presidenta del INEI, confirmó que el 15 de junio dará a conocer el resultado oficial al 100% de las elecciones judiciales a la nueva Corte Suprema elegida por los mexicanos en elecciones democráticas donde participaron el 13% del total de electores habilitados. De mantenerse esta tendencia hasta el cierre del cómputo oficial, Aguilar Ortiz será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México por dos años. En las elecciones judiciales se eligieron a 2,682 jueces a nivel nacional, regional y distrital.

Aguilar ocupó el 34 lugar de los 64 aspirantes a la Corte Suprema de México. Hugo Aguilar Ortiz, nació en 1973 en el pueblo Mixteco de San Agustín Tlacotepec. Es Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde se tituló con la tesis “Pluralismo jurídico. El sistema electoral indígena en la legislación Oaxaqueña”.

Antes de iniciar la licenciatura fue auxiliar en la delegación de la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Tlaxiaco, atendiendo a comunidades indígenas mixtecas y triquis y luego se incorporó como asesor en la Academia de Derechos Indios de la Asamblea Mixe y meses después al grupo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Participó en la redacción de las propuestas de reformas constitucionales que presentó el grupo rebelde a la Comisión de Concordia y Pacificación, que derivó en la reforma al artículo 2 constitucional de 2001.

Entre 2007 y 2008 fue consultor de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en temas de derechos agrarios y sistemas normativos indígenas. Fue Subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca, de 2011 a 2015.

Posteriormente, fue director de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Desde 2018, al inicio de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se desempeñó como Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Fue el responsable de coordinar los trabajos de la “Consulta Previa e Informada” para los proyectos del desarrollo del Tren Maya, Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como la consulta indígena para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. También fue el encargado de coordinar los trabajos de la redacción de la propuesta de la iniciativa en esa materia. Fue secretario técnico del Consejo Nacional de los Pueblos indígenas.

En 2006, presentó seis controversias constitucionales ante la Corte contra la Ley de Radio y Televisión, por excluir a los pueblos originarios del manejo de medios propios. También ha sido asesor jurídico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y colaborador en propuestas legislativas junto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En la campaña electoral a las elecciones judiciales 2025, Aguilar planteó una reforma al modelo jurisdiccional para que sea más cercano, colectivo y transformador. Su campaña se difundió casi exclusivamente en redes sociales como Facebook, TikTok, X e Instagram, donde compartió mensajes directos y comunitarios bajo el lema “¡Ya nos toca!”. Con guayabera blanca y consignas como “amor y compromiso”, Aguilar apeló a la identidad indígena como base de su propuesta ética y política.

Entre sus tres principales propuestas, la primera es lograr una justicia congruente con la realidad, se debe impulsar una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos.

La segunda propuesta es que debe tener presente el carácter terminal que tienen las resoluciones, así como el hecho de que nadie posee la verdad absoluta. En este sentido, se debe fortalecer un enfoque multidisciplinario, dando intervención a las instancias especializadas en todas las materias, ampliando y consolidando la figura de Amicus Curiae.

La tercera propuesta es evitar que la función jurisdiccional sea obstáculo del cambio social. Se deberá estar atento al contexto nacional para la resolución de los temas centrales de la vida pública. Para ello, se debe privilegiar un diálogo republicano entre los poderes de la Unión, las Entidades Federativas, los Municipios, los Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En campaña electoral, Hugo Aguilar, prometió que, de ganar un espacio en la Corte, no usará toga –la investidura que utilizan los ministros– y que, en su lugar, utilizará la vestimenta común de las comunidades indígenas argumentando que esa idea es parte de darle una nueva imagen de integración pluricultural a la Suprema Corte.

 Foto Generación Universitaria