La decisión del juez Merchán de Nueva York, el pasado día 10 de enero del 2025, de sentenciar a Donald Trump como autor de treinta y cuatro delitos menores de falsificación de facturas, cheques y registros contables, pero sin imponerle pena alguna y deseándole buena suerte en su segundo mandato, certifica el rotundo fracaso del Estado de derecho a la hora de lidiar con quien, a partir de lunes 20 de enero del 2025, es el 47.º presidente de Estados Unidos.

La victoria en las elecciones presidenciales de noviembre, unida a las exitosas tácticas dilatorias de su equipo de abogados, y a una serie de errores no forzados de los distintos fiscales involucrados en las causas penales contra Trump, han creado un espacio de impunidad especialmente preocupante de cara al futuro.

«En retrospectiva, fue un error gravísimo por parte del fiscal general Garland nombrar con casi dos años de retraso respecto de los hechos a un fiscal especial. Jack Smith, fue el encargado de investigar el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021, un crimen que ha sido blanqueado por el triunfo electoral de Trump, y que culminará con el perdón presidencial, probablemente nada más iniciarse su presidencia, de la mayoría, sino todos, de los condenados por el asalto al Capitolio.

El informe final de Smith, publicado hace unos días con posterioridad a su dimisión, indica que, a su juicio, había sólidos indicios para condenar a Trump por los hechos de enero. Sin embargo, también exponía que la posición del Departamento de Justicia de que no cabe instar causas criminales contra presidentes en ejercicio precluía la continuidad de la instrucción penal contra Trump. Supone una impotencia paradigmática.

Fue un error gravísimo por parte del fiscal especial Smith decidir incoar la causa por la sustracción de los documentos presidenciales por parte de Trump y su traslado a Mar-a-Lago en el Distrito Sur de Florida ante la jueza Aileen Cannon. La jueza fue nombrada por Trump y ya había emitido claras señales de parcialidad hacia este tras la entrada y registro del FBI. Las maniobras dilatorias de Cannon y los abogados de Trump han permitido, al igual que en la causa por los hechos del 6 de enero, que unos hechos que en circunstancias normales hubieran, como mínimo, llegado a juicio hayan acabado en agua de borrajas.

La conducta completamente irregular de Fanni Willis, fiscal del condado de Fulton, en Georgia, al mantener una relación sentimental con uno de los fiscales designados por ella misma para dirigir el caso sin revelarlo, ha conseguido dejar en nada un procedimiento en el que, recordemos, Trump había presionado al secretario de estado de Georgia —encargado de la limpieza del proceso electoral— para que «encontrase 11.000 votos» para subvertir el resultado de las presidenciales de 2020.

Como colofón de todo lo anterior, la Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 1 de julio de 2024 en el caso Trump contra Estados Unidos. En la que los seis magistrados nombrados por presidentes republicanos dictaminaron, contra el criterio de los tres magistrados nombrados por presidentes demócratas, que la inmunidad presidencial frente al procesamiento penal se extiende presuntamente a todos los «actos oficiales de un presidente» —con inmunidad absoluta para los actos oficiales que el Congreso no puede regular como los perdones presidenciales, el mando del ejército, la ejecución de leyes o el control del poder ejecutivo—.

Se trató del resultado más favorable que Trump podía esperar y, sin duda, envalentonará al mandatario a partir del 20 de enero a la hora de llevar a cabo acciones al borde de la ley —o más allá de ella—, sin temor a que los Tribunales federales controlen o limiten sus acciones.

No hay señal más evidente de que Trump va a tener el Estado de derecho todavía en menor consideración que durante su primer mandato que los nombramientos que ha efectuado para su Gabinete: su candidata a fiscal general, Pam Bondi, es una negacionista del resultado electoral de 2020; su candidato a director del FBI, Kash Patel es un conspiranoico notorio que ha llegado a acusar a la propia agencia de instigar los ataques del 6 de enero contra el Capitolio como una trampa contra los seguidores de Trump. La dimisión del actual director, Christopher Wray, tres años antes de que acabara su mandato, es otra asombrosa claudicación avant la lettre.

Si a eso le añadimos el hecho de que Trump y sus partidarios han manifestado abiertamente su intención de llevar a cabo purgas en la Administración, con el fin de sustituir a funcionarios neutrales por partidarios del presidente, todo invita a pensar que nos esperan cuatro años muy duros. En este periodo, la erosión del Estado de derecho, iniciada durante su primer mandato, continuará, con consecuencias imprevisibles para la continuidad democrática en los Estados Unidos de América.

Pedro Soriano Mendiara – Abogado procesalista civil y penal en Barcelona – Agenda Pública