La crisis político-social que atraviesa el país no admite lecturas reduccionistas. Este no es un movimiento insurrecto orquestado por las ex corporaciones masistas, financiado con dinero del narcotráfico, como sugiere el gobierno al descalificarlo, sino de diferentes sectores sociales. Para comprender a fondo la crisis social actual, es necesario remontarse al periodo preelectoral y analizarlo con mayor profundidad.

Rodrigo Paz llegó al poder arropado por el movimiento popular que había quedado desencantado con la última gestión de gobierno, y en medio de una pugna al interior del MAS. El desplome del MAS, sumado a la incipiente oferta electoral de la derecha neoliberal tradicional, dejó un vacío que Paz supo capitalizar. Su propuesta del «capitalismo para todos» prometía combustible a bajo precio, créditos accesibles, estabilidad de precios y alivios tributarios. Pero una vez en el poder, Paz dio la espalda a quienes lo llevaron en hombros. Recompuso su discurso al servicio de las oligarquías transnacionales, co-gobernó con los derrotados de las elecciones generales y favoreció los intereses de las clases adineradas. Tal vez creyó, ingenuamente, que el pueblo lo pasaría por alto.

A seis meses de gestión, es el propio electorado de Paz quien le exige cuentas. La acumulación de desilusiones, las falsas promesas de campaña y las expectativas irresueltas han llevado a miles de personas a las calles. El sentimiento de traición y estafa al voto popular late en los manifestantes. Son las acciones del propio gobierno y no las manifestaciones las que desembocaron en esta situación de incertidumbre política.

Estas movilizaciones no responden a simples demandas sectoriales. Lo que comenzó como un pliego sindical y la exigencia de abrogar una ley que facilitaba la acumulación de tierras se ha transformado en un clamor de renuncia. Sin aquellas personas a las que hoy se reprime, Paz jamás habría ganado las elecciones. ¿Es acaso ilegítimo que los mismos actores que lo llevaron al poder hoy le retiren su respaldo y le exijan cuentas?

Las movilizaciones que hoy asedian La Paz y El Alto buscan impedir que los futuros ajustes macroeconómicos recaigan sobre la población más vulnerable. El gobierno de Paz negocia a espaldas del pueblo un préstamo con el FMI cuyas condicionalidades implican devaluación, aumento de precios de combustibles, recorte de inversión pública, privatización de empresas estatales y entrega de recursos naturales a transnacionales. Es el mismo libreto neoliberal que tumbó a Gonzalo Sánchez de Lozada y marcó la agenda de octubre de 2003, cuya memoria colectiva aún continúa fresca.

De los hechos recientes, surge como desafío de pacificación una nueva agenda político-social del pueblo movilizado, que consiste en: 1) el rechazo a cualquier acuerdo con el FMI o intromisión externa, 2) la defensa de los recursos naturales, 3) el repudio a toda privatización de empresas públicas, 4) el cese de ajustes económicos sobre la población vulnerable, 5) la advertencia de evitar el sobreendeudamiento externo, 6) la exigencia de abastecimiento de combustibles de buena calidad y 6) el repudio a la manipulación de elecciones subnacionales.

En 2003, la guerra del gas dejó 68 muertos y más de 400 heridos. Gracias a esa lucha del pueblo alteño y paceño, se evitó la venta del gas a precio “regalado” y cuya nacionalización generó recursos que permitieron sacar a más 2 millones de bolivianos de la pobreza. Hoy, la amenaza privatizadora y el despojo de los recursos naturales vuelven a encender esta lucha.

La Paz ha sido, por más de un siglo, cuna de la insurrección popular. Aquí se libraron batallas sangrientas contra la dictadura militar y los gobiernos neoliberales; batallas que marcaron el rumbo del país en incontables ocasiones. Hoy, La Paz está sin “paz”. Nuestras calles y carreteras permanecen bloqueadas. Los precios se han disparado. Faltan alimentos y medicamentos. Hay muertos y heridos. La ciudad vuelve a cumplir su rol histórico y ser el epicentro de las disputas de poder en nuestro país.

Quienes aún respaldan al gobierno no lo hacen por genuino apego a la democracia, sino por temor a perder los privilegios sectoriales que ya obtuvieron. Esos mismos defensores de la democracia han violado repetidamente la CPE en estos meses, manipulado el proceso electoral para anular las elecciones primarias, y excluido candidatos y organizaciones políticas con el único fin de despejar el camino para un gobierno de derecha. Esa es la democracia que hoy defienden.

El pedido de renuncia de Paz es el costo terrible que enfrenta un presidente que no supo gobernar, para el pueblo que lo encumbró, y optó por privilegiar intereses ajenos. Tejer un nuevo pacto no será fácil para el gobierno en curso: exige compromisos creíbles y actores diferentes que los materialicen.

 Omar Velasco Portillo – Diario La Razón de Bolivia

 Foto RFI de Francia