La congresista Noelia Herrera de Renovación Popular, presentó el 27 de septiembre el proyecto de ley que tiene por objeto establecer cadena perpetua por extorsión, amenazas y terrorismo urbano a personas, negocios y/o empresas que contribuyen en el desarrollo del país, a través de la modificación del artículo 200 y la incorporación del artículo 317-C del Código Penal.

El proyecto sostiene que es necesario proteger los derechos fundamentales de la persona contemplados en los artículos 2 inciso 1, 22, 23, 58,59 y 70 de la Constitución Política del Perú, Ley suprema que rige nuestro país, por lo que debe modificarse el artículo 200 del decreto legislativo 635, Código Penal, conforme al texto siguiente:

«Artículo 200.- Extorsión El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero, de una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito. Si el agraviado es una persona natural o jurídica que brinda servicios públicos, un negocio o empresa, la pena será de cadena perpetua”.

Asimismo, el proyecto de ley pretende se modifique el artículo 317— C al Código Penal en los siguientes términos: “El que, sin perjuicio de su motivación ideológica, mediante actos delictivos provoca, crea o mantiene en un estado de zozobra, alarma o inseguridad a la población o parte de ella, negocios o empresas, será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley de la congresista Herrera, sostiene que, en los últimos años, y meses, hemos sido testigos que en diversos departamentos del Perú se viene presentando un aumento alarmante de la criminalidad, especialmente en lo que respecta al amedrantamiento y la extorsión dirigida a transportistas, pequeños comerciantes y ciudadanos en general. Este fenómeno ha trascendido las fronteras de la delincuencia común, configurándose como un auténtico terrorismo urbano que no solo atenta contra la seguridad de las personas, sino que también socava la paz social y el desarrollo económico del país. La extorsión, en sus diversas formas, se ha convertido en un mecanismo de control que utilizan organizaciones criminales para imponer su voluntad sobre comunidades enteras.

Esta situación ha generado un clima de miedo e incertidumbre que afecta la calidad de vida de los ciudadanos y la operatividad de los pequeños negocios, que son fundamentales para la economía nacional, siendo los más vulnerables, lo que provoca la desestabilización de sus operaciones y, en muchos casos, está trayendo como consecuencia su cierre definitivo.

Frente a esta preocupante realidad, es imperativo que el estado adopte de manera prioritaria y urgente medidas concretas y decididas. La agravación de la pena por la comisión del delito de extorción y la incorporación del tipo penal de terrorismo urbano, entendiéndose como actos que buscan generar miedo y control con fines de obtener ventajas económicas indebidas u otras ventajas de cualquier otra índole, se presentan como acciones necesarias para restablecer el orden y la seguridad.

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