Radio Nacional de Colombia

En las últimas horas, se han registrados dos actos internacionales a favor del destituido presidente Pedro Castillo. El presidente de México, Rafael López Obrador, ha señalado que Castillo fue derrocado por las “elites políticas y económicas” del Perú, reconociendo que su país iba a darle asilo político.

Asimismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expida una medida cautelar en favor de Pedro Castillo, quien fue destituido de su cargo como presidente de Perú y, posteriormente, fue aprehendido por el delito de presunta rebelión. En Twitter, Gustavo Petro, sostuvo que, en el Perú, se ha vulnerado el derecho a elegir y ser elegido, así como a tener un tribunal independiente para un juzgamiento y por dicha razón, llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a tomar cartas en el asunto.

La medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el cual este organismo de la OEA, puede solicitar a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo. Es importante contar con el consentimiento de la persona a cuyo favor se interpone la solicitud, o en su defecto que se justifique razonablemente la imposibilidad de obtenerlo.

Las medidas cautelares están previstas en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, en situaciones graves y urgentes de sufrir daños irreparables por lo que la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, «solicitar que un Estado adopte medidas cautelares”. El Reglamento señala que el otorgamiento de dichas medidas y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

En los últimos 35 años, las medidas cautelares fueron solicitadas para proteger a miles de personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo, como defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, grupos vulnerables, tales como mujeres, niños, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas, comunidades LGTBI y personas privadas de libertad.

Según la OEA, las medidas cautelares cumplen dos funciones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales. La primera, tienen una función «cautelar» en el sentido de preservar una situación jurídica bajo el conocimiento de la CIDH en peticiones o casos; y la segunda, una función «tutelar» en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos, con independencia de si existe una petición o caso subyacente.

Con respecto al aspecto cautelar, las medidas pueden estar destinadas a impedir la ejecución de medidas judiciales, administrativas o de otra índole, cuando se alega que su ejecución podría tornar ineficaz una eventual decisión de la CIDH sobre una petición individual. En lo que se refiere al aspecto tutelar, las medidas buscan evitar que se consuma un daño de naturaleza irreparable y preservar por lo tanto el ejercicio de los derechos humanos. Estas consideraciones han llevado al dictamen de medidas cautelares en una amplia gama de situaciones, particularmente con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de la(s) persona(s) beneficiaria(s).

La CIDH resalta que el análisis de una solicitud de medidas cautelares se realiza tomando en cuenta las particularidades de cada situación en concreto, y atendiendo a la naturaleza del riesgo y el daño que se pretende evitar. La CIDH está integrada por siete miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Se desconoce si el ex presidente Castillo solicitará o sus familiares una medida cautelar ante la CIDH. Pese a la petición publica del presidente de Colombia a favor del ex mandatario peruano, lo concreto es que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, saludó a la nueva presidenta, Dina Boluarte, e hizo un llamado a la unidad nacional y ratificó que en el Perú debe haber un dialogo incluyente, abierto, franco y respetuoso, reconociendo que en nuestro país se alteró el orden constitucional.

Es probable que el embajador de Colombia en la OEA, gestione ante sus pares embajadores de países ideológicamente progresistas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aprueben una medida cautelar a favor de Pedro Castillo, siempre y cuando se presente esta petición. Si se concreta la petición de medida cautelar y la CIDH, accede a esta demanda y la tramita ante el Estado Peruano, con seguridad, la oposición parlamentaria de derecha extrema, rechazará y acusará a dicho organismo continental como intromisión en asuntos internos y nada descabellado sería que incluso presenten un proyecto de resolución legislativa para pedir que el Perú se aparte de la OEA.

Eso obligaría a la presidenta, Dina Boluarte, a pronunciarse públicamente lo que generaría simpatías y antipatías en la clase política y sociedad peruana, ya que un sector de la opinión publica la califica como “traidora” a Castillo, ya que hace un año atrás, declaró a la prensa que, si la oposición declaraba la vacancia presidencial, ella “renunciaría” de inmediato para no asumir el cargo por sucesión constitucional. Todo lo contrario, a lo que ha hecho hoy con la protección de la extrema derecha parlamentaria y sus incondicionales, la prensa concentrada limeña, salvo algunas excepciones.

Si a futuro la CIDH aprueba una medida cautelar a favor de Castillo, dividiría al país, porque unos consideraran que no debemos separarnos de la Corte ni Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que dichos organismos cautelan los derechos de los ciudadanos, cuando hay gobiernos y parlamentos abusivos que, amparados en sus mayorías gobiernistas o legislativas, atropellan y desconocen los derechos humanos que tienen protección y amparo en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero otro sector conservador alentará la separación del Estado de la OEA. Estaremos a la expectativa de este caso que puede presentarse en las próximas semanas a propósito de la petición del presidente de Colombia ante la CIDH.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado