El Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa mediante el informe de orientación de oficio 011-2022, concluyó que dicha entidad ha venido retrasando en los últimos tres meses el cumplimiento de la ley 31419 permitiendo que funcionarios de libre designación y remoción sobre los cuales tienen impedimento legal, se sigan manteniendo en sus funciones lo que está afectando el resultados de los objetivos institucionales y el logro de la ley vigente para garantizar la idoneidad de los funcionarios que laboran en el Gobierno Regional de Arequipa.

El informe da cuenta que la Ley 31419 del 17 de junio del 2022, daba plazo de 30 días a las entidades públicas a que revisen si las designaciones de funcionarios se adecuaban a la nueva ley. El 19 de julio la Oficina de Recursos Humanos del GRA informó que se evaluó a 36 funcionarios públicos respecto a sus resoluciones, declaraciones juradas y curriculum vitae donde da cuenta que 11 funcionarios incumplían los requisitos que exige la Ley 31419 y reglamentación vigente, ubicados en la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Comercio, Oficina Regional de Planeamiento, Oficina de Presupuesto, Oficina de Programación de Inversiones, Oficina de Logística , Subgerencia de Discapacidad y Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental.

Dichos funcionarios no cumplían concretamente con experiencia en el puesto ni el mínimo de años para el cargo. La Comisión de Control informó que el 19 de julio el Jefe de Recursos Humanos recomendó al Gerente Regional se le otorgue plazo de 24 horas para que los funcionarios que incumplían los requisitos de ley presenten la documentación que hubieran omitido presentar. El 01 de agosto la Oficina de Recursos Humanos emitió una ampliación del informe del 19 de julio habiendo recibido documentación de los funcionarios elaborando una nueva lista donde se refiere que 03 funcionarios incumplían la Ley, excluyendo a los otros funcionarios de la lista inicial.

El 26 de agosto la Comisión de Recopilación de Información de Control Institucional levantó el acta de información que evaluó la Oficina de Recursos Humanos, donde se da cuenta que dos funcionarias de la Subgerencia de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Clara Zavaleta Lazo) y la Subgerenta de Personas con Discapacidad (Fany Briceño Andia), están impedidas de ejercer funciones públicas por disposición de la Ley 31419. El informe precisa que el Gobierno Regional no dio cumplimiento en los plazos previstos en la disposición complementaria de la Ley 31419 donde se establece requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción con el fin de garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública.

La recomendación final del informe de control, hace de conocimiento a la gobernadora regional para que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias lo que debe comunicar a la Oficina de Control Institucional en plazo de 05 días.

Lo que llama la atención en el presente informe, es que pese a haber transgredido la ley el funcionario de recursos humanos, no se ordena apertura de proceso administrativo a dicho funcionario y a otros por encima de él, que han permitido que se violen los alcances de la ley, ya que el plazo de 30 días venció el 18 de julio del 2022, sin embargo, se amplió el plazo ilegalmente permitiendo que hoy en el GRA laboren funcionarios que no presentaron documentos en el plazo de ley 31429, por lo que la Contraloría que es el órgano superior de control, debería investigar este con mayor profundidad. Asimismo, se confirma que en la actual gestión regional encabezada por la gobernadora Gutiérrez y el gerente general regional, han permitido que personas que no tienen experiencia ni la cantidad mínima de años para los puestos de funcionarios, laboren, por lo que la Contraloría debería sancionarlos oportunamente.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado