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El presidente del Frente de Defensa de la provincia de Caylloma, Juan Galdós, consideró como la segunda traidora contra Arequipa y Caylloma, a la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez por firmar la adenda 13 a espaldas de la población en la ciudad de Lima, ya que la primera traidora fue la ex gobernadora, Yamila Osorio, quien el año 2015 suscribió el contrato con la concesionaria Cobra sin estudio de impacto ambiental y sin hacer la consulta previa a los cayllominos como lo señala la legislación vigente que el gobierno regional no respetó.

Galdós remarcó que hoy miércoles 13 de julio algunos alcaldes y organizaciones civiles de Caylloma se reunieron en la Plaza de Chivay para analizar la suscripción de la adenda 13 que rechazaron y acordaron invitar a más instituciones de la provincia y alcaldes para volver a sesionar el próximo lunes 18 y tomar acuerdos definitivos contra la gobernadora Gutiérrez y el Consejo Regional que aprobaron la adenda y ampliaron el presupuesto a favor de la concesionaria privada.

Entre tanto el alcalde del distrito de Caylloma, Leonardo Huaccha, calificó de traidora a Gutiérrez, ya que se comprometió a formar parte de la mesa de dialogo en su provincia, pero a espaldas de su provincia, viajó a Lima para suscribir la adenda 13 por lo que se ha deslegitimado ante el pueblo ya que no representa los intereses de los arequipeños. Ratificó que los pobladores de su jurisdicción impedirán la construcción de las obras en las próximas semanas como acto de protesta, ya que siendo Caylloma la supuesta beneficiaria del Proyecto Majes II, en el contrato no hay ninguna ventaja a favor de los agricultores de su provincia, lamentando el doble discurso del gobierno de Castillo que, en su visita a su zona, invocó a que se incluya a los cayllominos en Majes lo que no ha acatado la gobernadora Gutiérrez.

Huaccha, refirió que la plataforma de lucha de su provincia sigue vigente, y entre sus principales demandas está, exigir el 30% de tierras para los agricultores de Caylloma como lo ordena la ley 27887 que el gobierno regional no ha respetado, incluir en el estudio de impacto ambiental a Caylloma consultándoles a ellos tal como ordena la legislación ambiente vigente en el país, pero también exigen las utilidades del canon hídrico. Finalizó señalando que los costos de las parcelas de 200 hectáreas superarían los 8 millones de dólares que no estarían al alcance de los agricultores de Caylloma por lo que el proyecto ha sido direccionado solo para privilegiar a los grupos económicos y exportadores que su provincia no lo permitirá.