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El 27 de mayo del 2022 la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, firmó la resolución ejecutiva regional 212-2022, por el cual designó a dos abogados que serán los representantes del gobierno regional de Arequipa, ante la Comisión Especial Multisectorial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión adscrita al Ministerio de Economía.

Esta designación de Gutiérrez, se debe a la notificación de inicio de etapa de trato directo e intento de arreglo amistoso respecto de una posible controversia (notificación de disputa), planteada por las empresas Concesionario Angostura Siguas S.A., Cobra Instalaciones y Servicios S.A. y Cobra Infraestructura Hidráulica S.A. contra el gobierno regional de Arequipa, respecto al Proyecto Majes II.

Los representantes designados por la gobernadora regional, son los abogados, Carlos Guevara Carazas como titular, quien es actual funcionario del Proyecto Especial Majes Siguas y como alterno a Miguel Santa Cruz, actual funcionario que es Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del GRA, quienes deberán sujetarse en su actuación a la Ley 28993 del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, así como lo previsto en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, notificándose asimismo al Ministerio de Economía.

Análisis del Tema

La Ley 28993 y su reglamento, el decreto supremo 125-2008-MEFC, señala el procedimiento a seguir en el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión que es de aplicación a todas las entidades públicas referidas a los contratos de concesión, contratos de compraventa o transferencia de acciones de empresas estatales, convenios de estabilidad jurídica, contratos de licencia o de servicio para la exploración y/o explotación de hidrocarburos, contratos referidos a la explotación de los recursos naturales, recursos mineros o energéticos, y en general todos aquellos acuerdos celebrados entre entidades públicas e inversionistas que confieran derechos o garantías a estos últimos respecto de su inversión, siempre que tales acuerdos contengan cláusulas que remitan a mecanismos internacionales de solución de controversias.

El reglamento señala asimismo, que toda entidad pública que sea notificada formalmente por un inversionista o tome conocimiento por cualquier otro medio o acto respecto de la intención de un inversionista de someter una controversia de inversión a un mecanismo internacional de solución de controversias o a organizaciones autónomas internacionales administradoras de los mismos, deberá informar al Coordinador conforme a los procedimientos que éste establezca en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Conforman el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión: el Coordinador (MEF), la Comisión Especial que integran varios representantes de ministerios y todas las Entidades Públicas que suscriban acuerdos.

La norma legal señala que toda entidad pública que sea notificada por un inversionista respecto de su intención de someter una controversia de inversión a un mecanismo internacional de solución de controversias, deberá informar al Coordinador conforme al procedimiento que establezca el reglamento de la presente Ley. Se designa al Ministerio de Economía y Finanzas como Coordinador del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, cuyas funciones son: a) Centralizar la información y la coordinación del sistema, b) Conocer el surgimiento de cualquier controversia en materia de inversión e informar de tales hechos al Presidente de la Comisión Especial.

En las clausulas suscritas entre la empresa inversionista y las entidades públicas, debe establecerse un período de negociación o trato directo no menor a seis (6) meses como requisito indispensable para someter la controversia a arbitraje internacional. Las Entidades Públicas designarán a su representante titular y a un alterno mediante resolución del Titular de la Entidad Pública.

Esto último es lo que ha hecho la gobernadora Gutiérrez con la resolución 212-2022 al designar a los dos abogados en el caso concreto de Cobra para defender los intereses del GRA frente a las pretensiones de la concesionaria privada que habría amenazado con demandar al Estado por 250 millones de dólares ante tribunales internacionales, aduciendo que el gobierno regional habría incumplido sus obligaciones, sin embargo dicha concesionaria no reconocería que ellos también habrían incumplido ciertas obligaciones en el contrato suscrito años atrás.

En este tema concreto, llama la atención tres aspectos. En enero 2022, la concesionaria habría presentado dicha notificación al GRA, cuyo plazo se vencería este mes de junio 2022, por lo que, ante la presión de la concesionaria, la gobernadora Gutiérrez en el mes de febrero, exigió al Consejo Regional que apruebe la adenda 13, que el legislativo regional lo aprobó por una ajustada mayoría a fines del mes de febrero 2022. Lo sensato hubiera sido que antes que el Consejo Regional debata el proyecto de adenda 13 que ha generado el rechazo de una sector de la población arequipeña, como gesto de buena fe, la gobernadora Gutiérrez y el presidente del Consejo Regional, Hancco, le hubieran solicitado a la concesionaria que retire la notificación de demanda, pero no lo habrían hecho formalmente, pero al final, el legislativo regional aprobó la cuestionada adenda con el voto dirimente del presidente del Consejo Regional que traicionó su palabra cuando el gobernador era Cáceres Llica y Hancco, afirmaba todo lo contrario.

Ahora sucede casi lo mismo. La concesionaria presiona a la gobernadora para que el Consejo Regional apruebe la ampliación presupuestal de 43 millones de soles para el Proyecto Majes II en la sesión del martes 07 de junio, aduciendo que subió el tipo de cambio de dólar y ese monto debe pagársele para que ellos no se perjudiquen. Lo correcto hubiera sido (si en verdad Gutiérrez y Hancco defienden los intereses de Arequipa) que ambos funcionarios públicos hubieran dirigido una carta abierta publicada en los medios de comunicación emplazando a Cobra para que públicamente exijan a dicha concesionaria que primero desistan de su notificación de recurrir al CIADI demandando al GRA, como gesto de buena fe, pero no lo habrían hecho, por lo que dicha empresa por segunda vez ha puesto otra vez contra la pared al ejecutivo y legislativo regional.

Es decir, es un virtual chantaje inadmisible e intolerable hacia Arequipa. Por lo tanto, en la sesión del legislativo regional previsto para el martes 07 de junio, los arequipeños comprobaremos realmente, qué consejeros defienden realmente nuestros intereses y quienes han abdicado de sus funciones normativas y fiscalizadoras y se coluden con intereses privados y traicionan nuestros intereses y reivindicaciones regionales. Este proceso tanto en la gestión del impresentable Cáceres Llica como en la actual de la incapaz gobernadora, se manejó sin transparencia, como si el Proyecto Majes II fuera un proyecto personal de ambas autoridades, cuando eran sus obligaciones transparentar toda la información de dicho proyecto emblemático, pero excesivamente costoso. Lo manejaron reservadamente y en secreto, como si el GRA fuera su empresa privada, lo que es inadmisible, cuando toda gestión pública debe ser transparente y participativa.

Nada asegura que la cuestionada concesionaria en los próximos meses, exija la adenda 14 con diversos argumentos. Muy lamentable que los funcionarios regionales en este tema concreto, hayan actuado como lobistas y relacionistas públicos de la concesionaria, ya que ellos eran los que más defendían las demandas de Cobra, cuando dicha empresa debió dar la cara a la opinión pública con sus representantes para sustentar sus pretensiones, al que lamentablemente se han sumado algunos medios de comunicación, con pocas excepciones, cautelando los intereses privados antes que los intereses públicos.

Queremos por supuesto que el Proyecto Majes se ejecute, pero no a cualquier costo, ni pisoteando el ordenamiento jurídico vigente, ni vulnerando los derechos de Caylloma que no se sienten beneficiados en ningún sentido y mucho menos entregando nuestro patrimonio regional y natural a una empresa que ha incumplido obligaciones contraídas en el contrato inicial, pretendiendo beneficiar a grupos económicos y transnacionales como sucede con otro proyecto similar en el norte del país. El fin no justifica los medios, habría que recordarle a la gobernadora Gutiérrez y a los consejeros regionales de Arequipa.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado