Imagen. Exitosa Noticias

El jueves 09 de junio la provincia de Caylloma iniciará una huelga indefinida contra la gobernadora regional, si Gutiérrez firma la adenda 13 el viernes 10, en rechazo a la adenda 13 y la ampliación presupuestal de 43 millones de soles que exige la concesionaria Cobra al Consejo Regional, lo que es inadmisible y constituye un chantaje inaceptable a la región Arequipa, que los consejeros no pueden apoyar en su sesión ordinaria del martes 07.

Así lo manifestó el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Caylloma, Juan Galdós, quien precisó que fue la gobernadora Gutiérrez, quien anunció que el viernes 10 de junio firmaría la adenda 13 en reunión sostenida con el primer Ministro Aníbal Torres, que ellos rechazan porque como está diseñado el Proyecto Majes II, no les trae ningún beneficio provincial pese a que son una zona de influencia principal. El dirigente refirió que el Proyecto Majes II no tiene estudio de impacto ambiental actualizado, no se socializó dicho proyecto por lo que no tiene licencia social de los pobladores de la provincia ni de sus organizaciones representativas.

Agregó que tampoco se respeta la ley 27887 que obliga a vender el 30% de tierras a campesinos, ni se ha tomado en cuenta que los Estados tienen la obligación de respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que refiere que las comunidades deben ser consultadas cuando hay proyectos de inversión en sus territorios. Galdós, expresó que ellos no confían en los alcaldes que están de salida porque concluyen su gestión municipal, y exigen la reformulación total del Proyecto Majes II, porque como está diseñado solo favorecerá a los grupos económicos y postergará a los cayllominos.

El dirigente señaló que el Frente de Defensa de los Intereses de Caylloma que preside, tiene alrededor de 50 organizaciones de base afiliadas, entre las juntas de usuarios, comunidades campesinas, asociación de productores y el sindicato de construcción civil de la zona. Solicitó finalmente que los consejeros regionales no aprueben la ampliación presupuestal que exige Cobra, ya que los legisladores regionales son representantes de la población y no los han invitado oficialmente para que ellos den su opinión sobre el Proyecto Majes II.