La Contraloría General de la Republica a través de su Procurador, denunciará en los próximos meses a los consejeros regionales que aprobaron la adenda 13, ya que el organismo contralor en un informe elevado al GRA el año 2021, concluyó que no había nuevas circunstancias que justifiquen un egreso económico para el Estado ahora avalado por algunos legisladores que incurrieron en responsabilidad al no exigir a la concesionaria que cumpla con sus obligaciones establecidas en el contrato TUO, por lo que podrían ser denunciados por colusión.

Así lo señaló el abogado, Fernando Bustamante, quien sostiene que personalmente estaba de acuerdo parcialmente con el proyecto de adenda 13, pero no con el desembolso de 104 millones de dólares que debió asumirlo íntegramente la concesionaria y no el gobierno nacional, porque el contrato TUO suscrito, señala con precisión que pueden efectuarse cambios con aprobación de la supervisora del proyecto, pero ninguna de esas modificaciones suponía financiamiento para el Estado, ya que los estudios los realizó Cobra y no el gobierno regional ni nacional.

Bustamante precisó que de acuerdo a la cláusula 1.48 del TUO del contrato suscrito, establece claramente que la concesionaria está facultada para proponer optimizaciones respecto del esquema planteado en su propuesta técnica, la cual requería de aprobación previa y expresa del concedente (GRA), pero en ningún caso generará que el Estado reconozca mayor costo de inversión, lo que no han respetado los consejeros regionales al aprobar la adenda 13.

El letrado remarcó que incluso la Procuraduría Anticorrupción de Arequipa podría solicitar toda la documentación al Consejo Regional sobre este tema, así como a la gobernadora regional para efectuar un análisis minucioso del asunto para deslindar responsabilidades penales y civiles de las autoridades regionales. Agregó que en el acuerdo aprobado a favor de la adenda 13 no habría penalidades en caso de incumplimiento de obligaciones, lamentando que los consejeros no hayan sido rigurosos en la revisión del contrato TUO con la concesionaria, donde están establecidas las obligaciones tanto del gobierno nacional, gobierno regional y la empresa privada, los que son dé cumplimiento obligatorio por las partes, entre ellas la presentación del esquema financiero que no se habría exigido a la contratista.

Bustamente expresó su sorpresa por la votación final del presidente del legislativo regional a favor de la adenda 13, porque siempre se opuso a ella al igual que Cáceres Llica cuando fue candidato, pero misteriosamente cambio radicalmente de opinión, ya que, como fiscalizador, tenía que hacer cumplir el contrato suscrito con la concesionaria y no dejarse presionar por los lobistas, ya que todo contrato suscrito debe cumplirse tanto en derechos cuanto en deberes, lo que no hizo Jose Hancco, por lo que por esa omisión de funciones, le acarreará procesos judiciales.

Como se recuerda, el abogado, Fernando Bustamante y los abogados, Walter Paz Valderrama, Jorge Luis Cáceres Arce y Víctor Garcia Toma, fueron quienes integraron el equipo jurídico que asumió la defensa legal del Gobierno Regional de Arequipa ante los procesos judiciales que entablaron la Municipalidad Provincial del Cuzco y el Gobierno Regional del Cuzco contra Arequipa por el Proyecto Majes II, quienes plantearon un amparo ante el poder judicial del Cuzco, para paralizar el proyecto arequipeño, aduciendo que les quitaban recursos hídricos. El equipo jurídico logró que el Tribunal Constitucional declarará infundada el amparo de los cuzqueños dando luz verde al Proyecto Majes II en la gestión del Dr. Juan Manuel Guillen, con la salvedad que debía dársele agua al Cuzco, pero Majes II debía continuar y no debía paralizarse.