El gobierno del presidente Sagasti, a través del decreto supremo 012-2021 publicado en el diario oficial, aprobó la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, con horizonte temporal al 2030 que será de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública señaladas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en el marco de sus competencias; así como, para las personas jurídicas de derecho privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.

La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo constituye una política nacional sectorial, cuya rectoría está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, lidera el seguimiento y la evaluación de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, en concordancia con las directivas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y con la participación de los organismos públicos adscritos, empresas del estado adscritas, gobiernos regionales y gobiernos locales.

Los objetivos de la Política Nacional de Vivienda son cuatro: garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana y territorial, garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo en las ciudades y centros poblados del país, incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social, mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país.

Según la ENAHO, el Perú tiene un déficit cuantitativo de 455 mil hogares y cualitativo de 1054 mil hogares (INEI, 2020). Esto representa el 4.8% y 11.2% respectivamente del total de hogares en viviendas particulares a nivel nacional (9.4 millones). Asimismo, en las ciudades del Perú se producen alrededor de 128,000 viviendas al año; sin embargo, esta cifra no alcanza para cubrir la demanda potencial de vivienda. Según Espinoza y Fort (2020a), sería necesario construir 65,000 viviendas adicionales al año para cubrir tanto el déficit cuantitativo acumulado como el déficit cuantitativo que se produce anualmente debido a la creación de nuevos hogares.

Ahora bien, el aumento progresivo del déficit cuantitativo determina la urgente necesidad de intervención del sector público. Sobre la base de la información recabada en la ENAHO, se requerirían 14 años para resolver el déficit existente, de mantenerse las actuales condiciones (INEI, 2019a). Cabe señalar que el déficit se concentra en los sectores D y E. De otra parte, en relación con la “habitabilidad externa”, según la ENAPRES, el 52.5% de familias urbanas (de los niveles socioeconómicos C, D y E) no acceden a servicios de infraestructura y equipamiento urbano (INEI, 2019b). Entre los aspectos claves que describen la calidad de vida de un barrio, se identifica que 39.49% de la población nacional no dispone de parques u otra forma de espacio público, mientras que el 20% no dispone de pistas asfaltadas y veredas de concreto u otro material para el desplazamiento peatonal.

Además, el 50% de las personas declaran que en su barrio no se dispone de equipamiento comunal ni mercados. En ese sentido, la PNVU identifica como problema público, respecto de la “habitabilidad interna”, un déficit creciente en la oferta de vivienda y, de otro, las condiciones inadecuadas de esta, sobre todo, en los sectores de menores recursos económicos del país. Asimismo, en relación con la “habitabilidad externa”, se identifica como problema un reducido acceso a servicios de infraestructura y equipamiento urbano —tanto en zonas o barrios de la vivienda (área urbana) como en los centros poblados de esta (área rural)— como son: parques, pistas, veredas, etc. Si bien desde el Estado se han implementado programas y estrategias para la solución del problema público identificado, la intervención a través de una política pública nacional se torna imprescindible puesto que dicho problema demanda las capacidades de rectoría integral (en este caso, del MVCS), una articulación de los tres niveles de gobierno y la participación activa de la sociedad civil. Todo ello implica fijar objetivos, establecer estándares de calidad de servicios públicos, y proveer de la asistencia y el financiamiento necesario para el logro de dichos resultados (CEPLAN, 2018).