Cesantes recurrirán a Fiscalía y Defensoría exigiendo respeto a listado de pago de deuda social
La Coordinadora de Docentes Cesantes de la Deuda Social de Arequipa recurrirá a la fiscalía de prevención del delito y defensoría del pueblo para exigir que el gobierno regional de Arequipa y las UGELS cumplan estrictamente con el pago de la deuda social a los docentes cesantes, ya que el año 2020 en algunas UGELS no se respetó el listado de más de 13 mil beneficiarios y se dio a preferencias a docentes que no les correspondía recibir sus pagos por razones desconocidas.
Así lo dio a conocer el Coordinador, Nemesio Parí Copa, quien lamentó que el gobierno regional no asuma su responsabilidad directa de pagar los montos adeudados y derive estos casos a las UGELS que no respetan el listado elaborado en julio del 2020, siendo la mejor prueba que algunas unidades de gestión educativa local devolvieron en total más de 3 millones, cuando hay miles de docentes cesantes que no pueden cobrar dichos pagos.
El dirigente afirmó que la ley 30137 y el decreto supremo 279-2020 establecieron los criterios de priorización de pago de la deuda social que en las UGELS no se está respetando, mientras que el decreto supremo 002-2019 definió que la prioridad es debe pagarse primero a los cesantes con enfermedades terminales, enfermedades avanzadas, a los mayores de 65 años y finalmente a los cesante menores de 65 años, lo que no están cumpliendo ante la negligencia del gobierno regional y la apatía de la encargada de la deuda social del gobierno regional
Parí Copa agregó que el monto priorizado de 17 millones de soles que definió para el año 2021 por parte del gobierno regional de Arequipa es insuficiente, ya que, de los más de 13 mil docentes, solo 5,773 lograron cobrar la deuda el año 2020, adeudándoseles a más de 8 mil docentes, por lo que se requerirá por lo menos 600 millones en los próximos años, ya que en promedio cada docente debe percibir entre 10 a 60 mil soles por la deuda social que está reconocida en la legislación vigente, por lo que se ven obligados a recurrir a la fiscalía de prevención del delito y defensoría del pueblo para hacer respetar sus derechos.