El debate presidencial hacia la segunda vuelta electoral en Perú, que tendrá lugar este 7 de junio, volvió a evidenciar los límites de una campaña dominada por acusaciones cruzadas, gestos mediáticos y promesas generales. Mientras millones de trabajadores, campesinos, jóvenes y sectores populares enfrentan precarización laboral, crisis de los servicios públicos, inseguridad y deterioro de sus condiciones de vida, los principales candidatos evitaron discutir las raíces estructurales de estos problemas.

Sin embargo, antes de analizar los programas en disputa, es necesario partir de un hecho político fundamental. Una parte importante de quienes votarán por Roberto Sánchez no lo hará por una adhesión plena a su proyecto, sino por rechazo al fujimorismo. Ese sentimiento tiene razones históricas profundas. Décadas de corrupción, autoritarismo, represión y políticas favorables a los grandes grupos económicos explican por qué amplios sectores populares siguen viendo en el fujimorismo una amenaza real.

Ese punto merece ser reconocido. El problema comienza cuando el antifujimorismo queda reducido únicamente al terreno electoral y deposita todas sus expectativas en una candidatura que, por sí sola, difícilmente podrá modificar las relaciones de poder que sostienen al régimen político y económico vigente.

Los debates que evitaron mirar al mundo

Un aspecto llamativo de los debates de segunda vuelta fue la ausencia casi total de discusión sobre el escenario internacional. En medio de una creciente crisis global, la sola presencia del embajador de Estados Unidos en el bate de candidatos presidenciales reflejó una influencia política que ninguno de los candidatos estuvo dispuesto a cuestionar.

Tampoco hubo referencias a los principales conflictos internacionales de la actualidad. Ni las masacres contra el pueblo palestino, ni las crisis políticas que atraviesan distintos países de América Latina, ni las movilizaciones populares en Bolivia, Chile o Argentina encontraron espacio en una discusión que pretendía definir el rumbo del país.

Este silencio revela una coincidencia de fondo entre las principales candidaturas. Más allá de sus diferencias electorales, ambas aceptan los marcos generales de subordinación política y económica a las grandes potencias y a los organismos que históricamente han intervenido en la región.

Algo similar ocurrió con China. Aunque se mencionaron numerosas obras de infraestructura, no se debatió seriamente el creciente peso del capital chino en sectores estratégicos de la economía peruana, desde el puerto de Chancay hasta proyectos mineros y energéticos.

Mientras los candidatos discutían promesas de gestión, quedó ausente una reflexión sobre el lugar que ocupa el Perú en un mundo marcado por la disputa, las guerras y nuevas formas de dependencia.

Fujimori y la continuidad neoliberal

El debate técnico realizado la semana pasada permitió observar con claridad el contenido del proyecto encabezado por Keiko Fujimori.

La presencia de Luis Carranza como principal referente económico reafirma la continuidad de la ortodoxia neoliberal construida durante las últimas décadas. Su programa gira alrededor de la disciplina fiscal, la confianza empresarial, la estabilidad macroeconómica y la inversión privada como motor central del desarrollo.

En el ámbito agrario, las propuestas defendidas por Marco Vinelli consolidan la orientación agroexportadora subordinada a los intereses de los grandes grupos empresariales, dejando en segundo plano las necesidades del campesinado pobre y la soberanía alimentaria.

Se trata, en esencia, de la continuidad del modelo extractivista neoliberal establecido desde los años noventa. Un modelo que garantiza las condiciones de acumulación para el capital minero, financiero y agroexportador mientras las consecuencias de las crisis recaen sobre trabajadores y sectores populares mediante precarización, flexibilización laboral y represión.

Sánchez y los límites de la conciliación

El nuevo plan de gobierno presentado por Roberto Sánchez permite observar una realidad más compleja que la imagen construida durante la campaña.

Lejos de expresar una ruptura con el modelo económico vigente, el documento refleja una estrategia orientada a construir acuerdos con sectores empresariales, tecnocráticos y políticos comprometidos con la estabilidad del régimen.

La incorporación de Pedro Francke y Óscar Dancourt ilustra esa orientación. Ambos representan variantes reformistas que buscan ampliar la intervención estatal, fortalecer políticas sociales y mejorar la redistribución, pero sin cuestionar la estructura fundamental de propiedad que organiza la economía peruana.

Las propuestas salariales, de inversión pública y fortalecimiento de servicios sociales responden a necesidades reales de la población. El problema radica en que dichas medidas permanecen subordinadas al respeto de los intereses de los grandes grupos económicos y de los límites impuestos por el propio modelo.

Por ello, la principal contradicción del programa de Sánchez no reside en sus objetivos declarados, sino en los instrumentos que propone para alcanzarlos. Busca resolver problemas generados por el capitalismo peruano sin alterar los fundamentos que los producen.

La discusión que no apareció en el debate

Detrás de las polémicas electorales existe una pregunta que ninguno de los candidatos quiso abordar.

¿Quién produce la riqueza y quién se apropia de ella?

La economía dominante sostiene que el valor surge de las decisiones individuales de consumo y de la utilidad que cada persona asigna a los bienes. Sin embargo, desde la tradición marxista, la riqueza social tiene su origen en el trabajo humano.

Esta diferencia no es simplemente académica. De ella depende la manera en que entendemos la explotación, la desigualdad y la distribución de la riqueza.

Desde esta perspectiva, tanto el neoliberalismo representado por Carranza como las propuestas neokeynesianas impulsadas por Francke comparten un punto de partida común. Ambos aceptan la propiedad privada de los principales medios de producción y la subordinación del trabajo al capital. Sus diferencias aparecen en la forma de administrar el sistema, no en la naturaleza del sistema mismo.

Por eso el debate evitó discutir quién controla realmente la economía peruana y para beneficio de quién funciona.

Más allá del 7 de junio

Aquí aparece una cuestión decisiva para el propio antifujimorismo.

Las experiencias de las últimas décadas muestran que derrotar electoralmente al fujimorismo no ha significado derrotar el poder que lo sostiene. Los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo llegaron al poder con importantes expectativas populares y terminaron enfrentando los mismos límites estructurales.

El problema no es únicamente quién ocupa Palacio de Gobierno. El problema es la red de poder económico, judicial, mediático, militar y parlamentario que continúa operando con relativa independencia respecto de los cambios electorales.

Por esa razón, incluso quienes decidan votar por Sánchez para impedir el retorno formal del fujimorismo enfrentan una pregunta inevitable sobre qué ocurrirá después del 7 de junio.

La organización y la movilización independiente como tarea estratégica

Las conquistas más importantes obtenidas por trabajadores y sectores populares nunca fueron concedidas voluntariamente por gobiernos, parlamentos o instituciones del régimen. Fueron el resultado de procesos de organización y lucha capaces de modificar las relaciones de fuerza existentes.

La propia experiencia peruana reciente lo confirma. Las movilizaciones desarrolladas entre diciembre de 2022 y 2023 mostraron la disposición de amplios sectores populares a desafiar al régimen incluso frente a una represión feroz. Del mismo modo, las luchas estudiantiles, sindicales, campesinas y populares que continúan desarrollándose en distintas regiones evidencian que la capacidad de transformación social sigue residiendo en la acción colectiva organizada.

Por eso, la lucha contra el fujimorismo no puede agotarse en una elección ni reducirse a la confianza en un nuevo gobierno. Tampoco puede limitarse a la expectativa de que las mismas instituciones construidas para preservar el orden vigente terminen transformándolo.

La tarea estratégica consiste en fortalecer la organización independiente de trabajadores, campesinos, estudiantes y pueblos originarios, desarrollar espacios democráticos de coordinación desde abajo y construir una alternativa política propia capaz de intervenir en la lucha de clases con independencia de todos los sectores del bloque dominante.

Quienes hoy votan por Sánchez para enfrentar a Keiko tienen razones legítimas para hacerlo. Pero la experiencia histórica sugiere que la verdadera discusión comienza el día después de las elecciones. Porque ninguna candidatura, por sí sola, podrá derrotar al poder económico y político que sostiene al fujimorismo. Esa tarea dependerá, en última instancia, de la capacidad de organización, movilización y acción consciente de las grandes mayorías populares.

Efraín Martínez – Red Internacional de la Izquierda Diario