Este domingo el país se verá obligado a elegir entre dos candidatos a la Presidencia, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que han obtenido respectivamente el 10% y el 7% del apoyo real de un electorado que supera la cifra de 27 millones de personas. La alquimia del conteo de votos válidos convierte esas minúsculas fracciones, que en un sistema electoral saneado los definiría como candidatos marginales, en cifras mayores (17% para Fujimori y 12% para Sánchez), pero igualmente deleznables para quien pretende gobernar a una sociedad de 34 millones de habitantes.

La segunda vuelta llevará esas cifras alrededor del 40% y así consolidará esa ficción sociopolítica en que se ha convertido el proceso de elecciones presidenciales y legislativas, en el cual se constituyen una Presidencia y mayorías parlamentarias que poco tienen que ver con la voluntad real de la ciudadanía. Ya se sabe que no se trata de una pura contingencia, sino del resultado de una diversidad de normas dadas por el Congreso con el preciso designio de generar una extrema dispersión y asegurar el control del Senado y de la Cámara de Diputados por la coalición corrupta que ha monopolizado el poder político en estos últimos años.

En la práctica, estamos ante un ostensible alejamiento de la ciudadanía respecto de quienes se postulan como sus gobernantes o legisladores. La confianza en ellos es mínima y su representatividad es altamente precaria. Eso quiere decir que la gobernanza futura del país seguirá siendo más un ejercicio de fuerza, imposición, contubernios o manipulación de instituciones que la realización de proyectos legitimados por la aprobación y el consentimiento ciudadanos.

Pero si la ciudadanía está abrumadoramente lejana de los dos candidatos en contienda, no es menor —acaso es mayor, aún— la indiferencia de estos frente a la ciudadanía que pretenden gobernar. Sus discursos acartonados, sin otra razón de ser que la de acomodarse a las necesidades electorales del momento, carentes de una relación real, concreta, contextuada con las necesidades y demandas del país son testimonio diario de esa lejanía. Y una muestra tangible de lo mismo se encuentra en la pauta seguida por Fujimori y Sánchez en el reciente debate electoral.

Hay que resaltar que el diseño de los debates oficiales se ha ido perfeccionando en el curso de sucesivas elecciones y ha adquirido una dinámica que se percibe como orientada a que los candidatos hablen realmente de temas concretos y de interés para la población. Sin embargo, los competidores se resisten a participar de esa lógica de responsabilidad, y prefieren atrincherarse en generalidades y lugares comunes que no denotan una preocupación por conocer la naturaleza específica de los problemas o, en todo caso, optan por el ataque estigmatizante, ajeno a estándares básicos de modales democráticos. No ha habido mejor demostración de ello que la escalofriante soberbia con la cual ambos candidatos ignoraron las preguntas formuladas por la ciudadanía y prefirieron mantenerse cada uno en su propio discurso, como si la voz de la población a cuyo voto apelan no les suscitara ningún interés ni respeto.

Lo señalado no es anecdótico, sino que guarda consonancia con los precarios niveles de apoyo electoral real recibido por cada uno. Como si, en vez de una lógica de responsabilidad, se adoptara la lógica de la extorsión que hoy atormenta a una enorme cantidad de ciudadanos, los candidatos no buscan la persuasión mediante propuestas claras y mediante un diálogo real con la población, sino apelando al miedo y al chantaje. Ese es el clima en el cual el proyecto de autoritarismo, protección del crimen y corrupción que representa claramente el fujimorismo se ha fortalecido a lo largo de estos años. Pero es también el entorno en el que tiene oportunidades el proyecto improvisado y no exento de rasgos populistas y regresivos del candidato rival. La elección que enfrenta el país hoy, como la de hace cinco años, es trágica: una decisión en la que lo único que queda por sopesar a la ciudadanía es cuál de los dos permitirá que subsista el sistema democrático y le dará al país, si es que no respuestas a sus problemas más acuciantes, al menos la oportunidad de mantener y a la larga recuperar el Estado de Derecho.

 Editorial del IDEHPUCP

Foto Alma Plus TV