En 1985, la tasa de fecundidad mundial era de 3,5 hijos por mujer, bien por encima del umbral de 2,1 que garantiza el reemplazo generacional. Cuatro décadas después, se sitúa justo en ese nivel y, si no fuese por los países africanos, la reducción habría sido todavía más acusada. A priori, pensaríamos que la caída de la natalidad es un fenómeno que aqueja a los países más ricos, entre ellos el nuestro.

Sin embargo, esta es una verdad a medias: países emergentes de América del Sur como Brasil, Colombia o Perú, y algunos de los asiáticos más poblados como India, Turquía o Vietnam presentan ya hoy tasas de fecundidad por debajo del reemplazo. Varios de ellos están entre los principales emisores de población joven migrante hacia Europa, por lo que fiar la mejora de nuestra natalidad únicamente a la entrada de población extranjera parece poco realista, sobre todo teniendo en cuenta la convergencia en los patrones reproductivos de extranjeros y nacionales que suele producirse pasados unos años.

Los datos fríos ofrecen una lectura positiva de progreso económico y social: las transiciones demográficas hacia más años de esperanza de vida y tasas de fecundidad más controladas son propias de sociedades que alcanzan niveles de renta más altos, estados de bienestar más amplios, avances en derechos reproductivos y una participación más plena de las mujeres en el mercado de trabajo. Ahora bien, cuando la fecundidad se estanca en cotas ultrabajas como las que tienen la mayoría de los países europeos, y aumentan las cohortes jóvenes sin hijos, se encienden las alarmas y se aviva el debate sobre qué hacer para atajar esta situación.

Como en otros muchos ámbitos, la respuesta reduccionista inmediata es con «dinero» o, lo que es lo mismo, con salarios más altos y estabilidad laboral. A esta ecuación monetaria le tendríamos que añadir el disponer de una vivienda asequible: es difícil plantearse tener descendencia cuando no cuentas ni con un trabajo estable ni con una casa en la que formar un hogar. Según la Encuesta de Fecundidad de 2018, la última disponible, una de cada tres mujeres españolas de entre 30 y 34 años aludía a motivos económicos y laborales (incluidas las dificultades de conciliación) a la hora de no tener hijos o no plantearse tener más, y un 36% de las de entre 35 y 39 esgrimía estas mismas razones para retrasar la edad de maternidad.

Ahora bien, aun cuando estén garantizadas estas dos cosas —trabajo y vivienda—, existe una traba adicional, igualmente relevante, vinculada a la situación laboral que enfrentan muchas mujeres: la penalización que supone la maternidad para el desarrollo de sus carreras profesionales. Tras el nacimiento del primer hijo, la probabilidad de que tengan un trabajo remunerado puede ser hasta un 40% inferior a la de los hombres. Por eso, a medida que ganan en educación y empleabilidad, el coste de oportunidad de renunciar a su autonomía económica se incrementa.

Lo hace en mayor medida cuando están ocupadas en lo que Claudia Goldin denomina greedy jobs, esos que exigen alta dedicación y penalizan la flexibilidad horaria asociada a la crianza, y cuando el reparto de los cuidados es poco equitativo (las ampliaciones de horario y las extraescolares tampoco salen gratis). Esto último, Goldin lo ejemplifica comparando los casos de Italia y Japón, en los que las mujeres destinan, de media, tres horas al día más a las tareas de trabajo doméstico y cuidado que los hombres, con los de Dinamarca y Suecia, donde la diferencia no llega a la hora al día. Los primeros tienen tasas de fecundidad más bajas que los segundos. Corregir estas brechas debería ser prioritario.

Aun sin restarle ni un ápice de importancia a todo lo anterior, lo cierto es que detrás de la caída generalizada de la fecundidad parece haber algo más. La evidencia reciente apunta a un cambio importante en la manera de relacionarnos y en las normas sociales en torno a la concepción de la familia, la parentalidad y el valor que le otorgamos al ocio y al desarrollo personal. Las generaciones jóvenes empiezan a tener otras prioridades. Eso no significa que renieguen de la paternidad, sino que se lo piensan dos veces antes de tener hijos.

En muchos casos, porque no cuentan con una pareja estable o una pareja adecuada (es la segunda causa por la que las mujeres españolas de entre 30 y 34 años reconocen no tener descendencia). En otros, porque su proyecto vital no pasa por tener hijos o tenerlos pronto como era habitual en generaciones anteriores, o porque simplemente le otorgan más importancia a lo que conlleva la crianza y ponen en la balanza todas las restricciones que pueden impedirles ser un padre o una madre presente.

Ante esta realidad, lograr que la maternidad y la paternidad sean compatibles con una vida adulta plena tal y como la conciben las generaciones jóvenes exige más recursos, pero también cambios laborales y culturales de calado. Y esto lleva tiempo, mucho tiempo.

Sara Baliña – Economista – Agenda Pública de España.