La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su firme rechazo ante la ley de amnistía aprobada con 16 votos a favor y 11 en contra por el Congreso de la República, la cual beneficiaría a policías y militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos, así como a otros procesados por estos delitos. Esta norma dejaría sin verdad ni justicia a las víctimas y a sus familiares. Más de 156 casos con sentencia firme y 600 procesos judiciales en curso por ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas están en riesgo de ser archivados, lo que constituiría un grave retroceso.

Durante décadas, madres, esposas, hijos e hijas de víctimas han luchado incansablemente por obtener justicia. Gracias a ese esfuerzo, el país logró avances significativos en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos. Se sancionó a integrantes del grupo Colina, responsables de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos; al exministro Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos; y a Telmo Hurtado, sentenciado por la matanza de Accomarca, en la que fueron asesinadas más de 69 personas, incluidos 22 niños. Con la entrada en vigencia de esta ley, todos ellos podrían quedar en libertad.

Además, esta norma representaría un abierto desacato a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su resolución del 1 de julio de 2024, en la que instruyó al Estado peruano a “dejar sin efecto o no otorgar vigencia al proyecto de ley N.º 6951/2023-CR u otras iniciativas similares”, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. En ese sentido, su aprobación constituye un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, al consolidar un marco normativo orientado a perpetuar la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en el Perú.

Esta situación se produce en un contexto de creciente debilitamiento institucional, marcado por intentos de copamiento del sistema de justicia, ataques al Ministerio Público y decisiones impulsadas desde el Congreso con la complacencia del Poder Ejecutivo.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a manifestarse frente a esta grave afectación a la democracia, al derecho a la verdad y a la justicia. Todo país libre y democrático se construye sobre los pilares de la justicia, no sobre el encubrimiento del delito ni la protección a quienes lo cometieron.

Seguiremos acudiendo a los espacios institucionales nacionales e internacionales para proteger los derechos de las víctimas, de sus familiares y de toda la ciudadanía.

 Coordinadora Nacional de Derechos Humanos