En una edición del programa jurídico “Debate Penal Nacional”, el profesor Julio César Santa Cruz lanzó una advertencia que -aunque dicha con tono pausado- debería sentirse en los pasillos académicos:

“Si la doctrina, la academia hace bien, en muchas veces seguir el paso a la jurisprudencia, ¿Qué quiero decir? Creo que el rol de la academia no es ponerse detrás de la jurisprudencia y, en función de ello ir desarrollando tales o cuales ideas. Es inverso más bien; debería marcar las líneas hacia las que tenemos que ir avanzando (…). Focalizarnos en la jurisprudencia como un tema directivo, creo que es problemático, es estar cayendo en lo que se denomina positivismo jurisprudencial (…) y acabamos en un positivismo jurisprudencial”.

Y tiene razón. Lo grave no es que algunos sectores académicos sigan la jurisprudencia. Lo alarmante es que lo hagan con una reverencia servil, como si el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema fueran sinónimo de verdad, razón y justicia. No basta con citar a la “Suprema” como si fuera el Oráculo de Delfos. El “la Corte ya ha dicho” se ha convertido en la versión jurídica del “porque lo digo yo”.

La academia, por definición, no puede ser un eco sumiso de los tribunales. No es su tarea aplaudir con un pie y anotar con el otro. Su misión es proyectar el deber ser -no como una quimera idealista, sino como una fuerza crítica y propositiva- que interpele al ser normativo y jurisprudencial. Si la jurisprudencia yerra (como suele ocurrir cuando se combina formalismo con desconocimiento teórico), es la academia la que debe alzar la voz y exhibir el error, no maquillarlo ni justificarlo con tecnicismos de ocasión.

Describir lo que dijo un tribunal sin evaluarlo críticamente no es docencia, es lectura en voz alta. La academia que se limita a comentar sentencias como si fueran textos sagrados incurre en una especie de idolatría jurídica, donde el análisis desaparece y la crítica se disuelve en una tibieza pedagógica impropia de quienes se supone tienen la responsabilidad de formar criterio.

Esto no solo es un asunto de honestidad intelectual, sino de deber constitucional. El artículo 139.20 de la Constitución es clarísimo al reconocer el derecho —y por tanto, la responsabilidad— de criticar resoluciones judiciales. La neutralidad acrítica es, en el mejor de los casos, una pereza disfrazada de objetividad; en el peor, una complicidad silenciosa con la arbitrariedad de los altos tribunales.

La academia debe actuar como faro, no como espejo; como conciencia crítica, no como caja de resonancia del status quo. Cuando la doctrina se subordina al precedente sin pensar, cuando se limita a glosar sin proponer, y cuando convierte al juez en dogmático y al dogmático en notario, el pensamiento jurídico muere por inanición. Y en ese funeral, la academia —le guste o no— será cómplice.

Es momento de reconfigurar el rol de la academia. No basta con diagnosticar su letargo; urge revitalizarla como espacio de pensamiento libre, audaz y responsable. Que cada cátedra sea una trinchera crítica, que cada artículo desafíe lo establecido, que cada tesis se atreva a contrariar al canon cuando éste traiciona los fines del Derecho. La crítica no es una licencia para la arrogancia ni un culto al desacuerdo, es un deber con la justicia, una obligación con la razón y una herramienta indispensable para corregir el rumbo cuando las decisiones judiciales se desvían del horizonte constitucional.

Porque si la academia no corrige, ¿Quién lo hará? Y si calla, ¿Quién pensará?

Dr. Celis Mendoza Ayma – Magistrado y Docente Universitario.

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