Fiscal de la Nación presentó dos nuevas denuncias ante el Congreso contra Dina Boluarte por diversos delitos
La Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza, dio a conocer mediante comunicados, que han presentados dos nuevas denuncias constitucionales contra Dina Boluarte el 16 de mayo ante el Congreso Nacional.
La primera denuncia es por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos de lo que se habría cometido cuando es mandataria y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
La Fiscalía señala que, Boluarte Zegarra abusó de los cargos que desempeñó entre el 29 de julio de 2021 y el 15 de marzo de 2024 con un incremento de su patrimonio y en dichos periodos, habría incrementado de manera ilegal e injustificada su patrimonio como joyas, incremento de dinero en sus cuentas bancarias, y depósitos de origen y concepto desconocidos realizados en sus cuentas bancarias.
Asimismo, habría omitido consignar bienes y rentas en su declaración jurada de ingresos correspondientes a 2021, 2022 y 2023, por lo que estas omisiones, se encontrarían dos relojes de la marca Rolex y otras joyas de alto valor.
La segunda denuncia da cuenta que Boluarte habría cometido el presunto delito colusión agravada en agravio del Estado, cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ya que efectuado concertaciones en el marco del caso Qali Warma, durante la gestión de Boluarte en el referido ministro.
Según la Fiscalía de la Nación, Dina Ercilia Boluarte Zegarra se habría aprovechado del cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social para concertar con Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, a fin de que sea contratado como proveedor de servicios en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social, pertenecientes a dicha cartera ministerial.
La denuncia se presentó conforme a lo previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución y será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, encargada de determinar su procedencia y eventual trámite parlamentario.
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