Siete congresistas presentaron una moción ante el Presidente del Congreso por el cual proponen la creación de una Comisión Investigadora Multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales, políticas y administrativas relacionadas con el secuestro y homicidio de 13 personas en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, ocurridos entre abril y mayo de 2025, en el contexto de actividades mineras en la zona, así como las posibles vinculaciones con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal; por un plazo de 120 días calendario.

Los congresistas señalan que la respuesta del Ejecutivo ante el asesinato de 13 mineros en Pataz, ha sido tardía e insuficiente, limitándose a la declaración de un toque de queda y la suspensión temporal de actividades mineras en la provincia de Pataz, medidas adoptadas mediante el Decreto Supremo N.° 060-2025-PCM, que estableció la inmovilización social obligatoria en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, restringiendo la libertad de tránsito y suspendiendo las operaciones mineras. Sin embargo, estas disposiciones resultaron ser reacciones paliativas que no abordaron las causas estructurales de la violencia y el crimen organizado en la región. La ausencia de una estrategia integral que contemple el fortalecimiento de las instituciones de justicia, el incremento de efectivos de seguridad debidamente capacitados, la inteligencia operativa para desarticular las redes criminales, y la promoción de alternativas económicas sostenibles para las poblaciones afectadas por la minería ilegal, evidencia una política reactiva e ineficaz que ha permitido la continuidad de las actividades ilícitas y el control territorial de las organizaciones criminales.

En consecuencia, los hechos descritos evidencian una grave problemática de criminalidad, violencia y colusión que afecta a la provincia de Pataz, caracterizada por la presencia de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, las cuales operan impunemente en la región, incluso con la presunta participación de miembros de las fuerzas del orden. La respuesta del Ejecutivo ha sido insuficiente para restablecer la seguridad y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, mientras que las víctimas y sus familias continúan esperando justicia.

Los parlamentarios refieren que ante la gravedad de estos hechos, resulta imperativo que el Congreso de la República, en ejercicio de su función de control político, constituya una Comisión Investigadora que permita esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos crímenes, identificar las responsabilidades penales, políticas y administrativas que correspondan, y proponer medidas efectivas para prevenir la repetición de hechos similares. Esta Comisión será una herramienta fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho en la región y en el país.

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