En los próximos días los pobladores del Valle de Tambo, denunciarán penalmente al gobernador Sánchez por omisión de deberes funcionales al no defender el acuerdo regional del año 2020 que aprobó el Consejo Regional donde se señala que Tambo está ubicado en zona agrícola no debiendo permitirse la actividad minera.

Así lo señaló el Ing. Elvis Jump, asesor técnico del Frente de Defensa del Valle de Tambo, quien refirió que la empresa minera Souther Perú, no tiene propiedad ni servidumbre de las 1,400 hectáreas donde pretende explotar el proyecto Tía María, pero también incumple la ley de promoción privada que lo obliga a pagar derechos de servidumbre que no ha cumplido.

Jump, remarcó que la empresa minera tampoco tramitó licencia de uso de agua del mar para su planta desalinizadora, al tiempo de denunciar la destrucción del patrimonio del ferrocarril y sus estaciones en la provincia de Islay. Enfatizó que la ejecución del proyecto Tía María perjudicaría las Lomas de Cachendo que está protegido por legislación especial, culpando al gobernador regional de Arequipa por no cobrar derechos de servidumbre a la empresa minera por encima de 30millones de soles.

El vocero técnico del Frente de Defensa del Valle de Tambo, precisó que si se ejecuta Tía María solo daría empleo a 400 personas pese a que la empresa minera anuncia una inversión de 1,400 millones de dólares. Manifestó asimismo que el proyecto minero es conflictivo, no tiene licencia social, lamentando que desde el gobierno nacional y regional no respetan la legislación vigente ni defienden a la población de Islay.

Fue el sábado 08 de febrero en distrito de Cocachacra, donde dirigentes reunidos en asamblea, ratificaron el inicio de la huelga general indefinida contra el proyecto minero Tía María y La Tapada en el Valle de Tambo desde el lunes 17 de febrero, hasta lograr su cancelación definitiva, pero también acordaron implementar un paro de 24 horas el día jueves 27 de febrero a nivel de la macro sur en apoyo al pueblo del Valle de Tambo exigiendo la cancelación de los proyectos mineros Tía María y La Tapada, pero también demandando al gobierno nacional varias peticiones.

Entre ellas, la conclusión de la construcción del gasoducto sur peruano, la derogatoria del DL 1620 y otras leyes que promueven la privatización del agua, la derogatoria de la Ley 32242 que promueve la destitución automática de directores, docentes, administrativos y auxiliares de educación.

 Foto El Pueblo