El 30 de abril congresistas de oposición presentaron ante el presidente del Congreso, una moción de interpelación contra el ministro de Defensa,  AMADEO JAVIER FLORES CARCAGNO, para que responda ante el Pleno del Congreso del Republica el Pliego Interpelatorio de 15 preguntas sobre los cuestionamientos relacionados al asesinato de jóvenes civiles en el distrito de Colcabamba en Huancavelica.

La moción señala que, con fecha 25 de abril de 2026, el Comando Operacional del Este, órgano dependiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informó sobre un presunto enfrentamiento armado con personas vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con el narcoterrorismo, ocurrido en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica; no obstante, informacion posterior difundida por diversos medios de comunicación y testimonios recogidos en la zona han puesto en cuestión la veracidad y consistencia de dicha versión inicial, generando dudas razonables sobre las circunstancias reales de los hechos.

Mediante Comunicado Conjunto N.° 001-2026-CCFFAA-PNP, de fecha 27 de abril de 2026, las Fuerzas Armadas del Perú y la Policia Nacional del Peru señalaron que una patrulla militar habría sido atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico y que, ante un riesgo real e inminente, el personal interviniente actuó en legítima defensa, conforme a lo previsto en el Código Penal del Perú; sin embargo, corresponde verificar si dicha actuación se ajustó estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que rigen el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.

Como consecuencia de dicha intervención, se reporte el fallecimiento de cinco ciudadanos jóvenes, asi como la existencia de dos personas heridas y un detenido, sin que se haya registrado personal afectado en las Fuerzas Armadas, circunstancia que exige un análisis riguroso sobre la naturaleza del presunto enfrentamiento y la proporcionalidad del uso de la fuerza empleada. Diversas versiones periodísticas y elementos de convicción preliminares sugieren que los hechos no corresponderían a un enfrentamiento armado en los términos inicialmente informados, sino a un uso presuntamente desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, lo que habría ocasionado la muerte de ciudadanos, entre ellos, presuntamente, un ciudadano extranjero.

Los familiares de las personas fallecidas han manifestado públicamente que estas se dedicaban a actividades agrícolas y que se encontraban transitando por la zona tras participar en actividades recreativas, negando cualquier vinculación con actividades ilícitas; por lo que vienen exigiendo el esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades y el acceso a la justicia, en concordancia con las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 139 de la Constitución Política del Peru.

Los efectivos militares involucrados fueron detenidos en el marco de las investigaciones correspondientes; sin embargo, el 27 de abril de 2026, tras el vencimiento del plazo de flagrancia, fueron puestos en libertad ante la ausencia de un pedido de detención preliminar por parte del Ministerio Publico, pese a la gravedad de los hechos de materia de investigación. El 27 de abril de 2026, el Ministerio Publico comunica que ha iniciado investigación preliminar contra ocho integrantes del Ejército del Peru, asi como a otros tres civiles, por el presunto delito de homicidio calificado, en agravio de cinco personas en proceso de identificación, en la provincia de Tayacaja, Huancavelica, a fin de esclarecer lo sucedido.

El testimonio de uno de los sobrevivientes, identificado como Ricardo Jampier Acuiia Quispe, introduce serias dudas sobre la versión oficial, al señalar que su declaración inicial, que lo vinculaba con actividades ilícitas, habría sido obtenida bajo amenaza, lo que pone en cuestión la legalidad de las primeras diligencias y la actuación de las fuerzas intervinientes.

Que, los hechos descritos revisten la mayor gravedad, al involucrar la posible vulneración del derecho fundamental a la vida, así como el uso de la fuerza por parte de efectivos del Estado, lo cual exige transparencia, rendición de cuentas y control político. Que, a la fecha, los familiares de jóvenes fallecidos en dicho operativo militar vienen exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos, en tanto que resulta inadmisible la ejecución de intervenciones que no estén debidamente justificadas, ni que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de la actuación militar conforme a ley.