La extrema derecha parlamentaria consumo su venganza política al aprobar en reconsideración con 71 a favor, 13 en contra y 3 abstenciones la resolución legislativa que inhabilita a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza por 10 años del ejercicio de la función pública al atribuirle el incumplimiento del artículo único de la Ley N° 32130, norma que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú en las investigaciones preliminares.

Según el informe del proyecto, detalla que el procedimiento constitucional se desarrolló desde octubre de 2024, cuando los congresistas Fernando Rospigliosi, y Alfredo Azurín, presentaron la denuncia que alcanzó a varios fiscales supremos por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, además de infracciones constitucionales vinculadas a los artículos 38, 103, 109, 159 y 166 de la Carta Magna.

Tras esa presentación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la acusación y, posteriormente, la Comisión Permanente habilitó el plazo de investigación, lo que permitió continuar con el caso.

Durante la etapa indagatoria, la Subcomisión convocó a audiencia a las partes, escuchó los descargos de los denunciados y mantuvo el derecho a defensa técnica. Asimismo, el grupo parlamentario concluyó que la resolución fiscal 2246-2024-MP-FN habría contravenido la Ley N.° 32130 al alterar, en la práctica, la distribución de funciones entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en la fase preliminar.

Esa conclusión se apoyó en el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad contra la mencionada ley y reafirmó que su finalidad es “maximizar el rol operativo” de la Policía en la investigación inicial del delito.

En ese contexto, el informe final elaborado por la Subcomisión propuso acusar a la fiscal suprema por infracción constitucional y por los delitos tipificados en los artículos 376, 418, 438 y 361 del Código Penal. La Comisión Permanente respaldó ese documento el 25 de noviembre de 2025 y autorizó la conformación de la subcomisión acusadora encargada de sustentar el caso ante el Pleno.

En el debate parlamentario, el abogado de Espinoza, precisó que el informe final de la denuncia constitucional se centra en la aprobación de la resolución 2246, pero su patrocinada no fue quien firmó dicha normativa ya que el reglamento fue rubricado por el fiscal interino Juan Carlos Villena.

Agregó que 15 parlamentarios de los 16 que votaron a favor de aprobar el informe final en la Comisión Permanente cuentan con carpetas fiscales, por lo que no descarta que buscarían dejar fuera del Ministerio Público a Delia Espinoza con la finalidad de detener o anular las investigaciones en su contra.

A su turno, Delia Espinoza Valenzuela, lamentó la ausencia de varios legisladores en el debate parlamentario, afirmó que llegó al cargo de Fiscal de la Nación sin ningún tipo de apoyo político y estaba dispuesta a demostrar sus dos tesis públicamente y tenía una carrera intachable y que luchará para defender su honor y hará valer sus derechos en instancias nacionales ante el evidente abuso por cuestiones políticas por parte de algunos sectores de la representación nacional.

las bancadas que votaron a favor de inhabilitar a Delia Espinoza, fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y Somos Perú. Los grupos parlamentarios de izquierda, como el Bloque Democrático y la Bancada Socialista, se opusieron a la inhabilitación contra la fiscal Espinoza Valenzuela.

Finalmente, después de un debate que se extendió hasta la sesión del 3 de diciembre de 2025, el Parlamento resolvió inhabilitar a la magistrada por 10 años. La resolución sostiene que se respetaron todas las garantías del debido procedimiento y que la denunciada ejerció plenamente su derecho a la contradicción.

Breve comentario del tema

Se ha confirmado que, en el parlamento, hay una mafia legislativa que abusa del poder y ha consumado su venganza contra la Fiscal de la Nación que, por mandato constitucional y legal, tiene la obligación de denunciar a quienes delinquen no importando el cargo que tengan los denunciados. En el colmo de la inmoralidad y el cinismo parlamentario, se ha permitido que voten más de cuarenta otorongos que tenían carpetas fiscales de investigación y acusaciones constitucionales por varios delitos.

Los otorongos no han respetado el Código de Ética Parlamentaria que los obligaba a abstenerse de votar e incurrieron en conflicto de interés, sin embargo, como son sinvergüenzas y han perdido la moción de moral, votaron inhabilitando del cargo como venganza política a Delia Espinoza. La votación contra la Fiscal de la Nación, confirma que esa mafiocracia legislativa, no vota pensando en los intereses nacionales y la lucha contra la corrupción que es el principal problema del país, sino que utilizan su inmunidad como escudo constitucional para auto protegerse impunemente lo que debe ser reformado a futuro en la Carta Magna.

En el fondo, han inhabilitado a Delia Espinoza, porque era la única de todos los fiscales supremos timoratos que denunció en forma valiente a los otorongos que se creen vacas sagradas e intocables, por varios delitos y lo que ha hecho la derecha parlamentaria es sacar del Ministerio Público a quien los denunció públicamente y saben que, si ella continuaba en dicho cargo, iban a ser acusados ante el Poder Judicial tarde que temprano y por dicha razón la inhabilitan por 10 años.

Este caso de venganza de la mafiocracia legislativa, pone en evidencia ante el país varios temas. Uno de ellos, es que descabeza al Ministerio Público y expulsa de dicha institución a una profesional proba que se defendió hidalgamente y su único pecado fue enfrentarse a esa mafia parlamentaria conformada por los partidos políticos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País y Somos Perú.

Estos pseudo partidos políticos, nunca más deben representar al soberano en el primer poder del Estado y deben ser borrados del mapa electoral en las elecciones del 2026 porque conviven con la corrupción y creen que el Estado y el Congreso es su chacra lo que no podemos tolerar los peruanos independientes.

Muy lamentable que la Junta de Fiscales Supremos no haya emitido un pronunciamiento institucional en defensa del Ministerio Público ante la cacería parlamentaria contra la Fiscal de la Nación Titular, pero también lamentable el silencio institucional de la presidenta del Poder Judicial, cuando no hizo respetar resoluciones del juez constitucional que desacató en forma reiterada y dolosamente la Junta Nacional de Justicia.

Otra lección que nos deja este capitulo nefasto en democracia, es que hay peruanos que saludan la inhabilitación de Espinoza y en los hechos convalidan a un parlamento mayoritariamente corrupto e ilegitimo. Pero felizmente hay otro sector de peruanos que rechazamos a los corruptos que están en el poder sean de derecha o izquierda, ya que defendemos principios y valores, y no las prebendas y privilegios del poder efímero.

Estoy seguro que la Fiscal Delia Espinoza, pasará a la historia constitucional como una funcionaria que defendió sus fueros y competencias constitucionales en un parlamento deslegitimado y carente de moral y principios, pero retornará tarde que temprano a su cargo y esos legisladores miserables que votaron por venganza y la inhabilitaron, algún día tendrán que rendirle cuentas a la justicia por los delitos que cometieron. Cuando se lucha por valores y principios, nunca hay derrota.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado.

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