La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que presidió el vicepresidente Jorge Montoya, con 10 votos a favor y 01 en contra, aprobó el informe final referido a las denuncias constitucionales 563 y 618 presentadas por los congresistas Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi contra la fiscal de la nación suspendida, Delia Milagros Espinoza Valenzuela.

El grupo parlamentario validó el informe final que analiza las imputaciones constitucionales y penales atribuidas a la magistrada, por la presentación de la denuncia constitucional 549 contra 11 congresistas (José Williams Zapata, Jorge Montoya, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez) que integraron la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas en el periodo 2021-2022.

El fundamento de las denuncias 563 y 618 atribuyen a Delia Espinoza la presunta infracción de los artículos 40, 45, 93 y 139 —incisos 3 y 5—, así como los artículos 158 y 159 inciso 2 de la Constitución. Además, señalaron la eventual comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificados en los artículos 376 y 418 del Código Penal, debido a la formulación de la acusación contra los legisladores vinculada al dictamen del Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, que autorizaba la percepción simultánea de remuneración y pensión para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Tras evaluar los descargos del informe final, a cargo del congresista Elvis Vergara (bancada AP), precisó que el análisis jurídico se desarrolló con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con la garantía plena del derecho de defensa. En ese marco, la SAC rechazó el pedido de nulidad planteado por Espinoza, al considerar que no existían vicios que invalidaran la actuación procesal.

El documento también recomendó archivar los extremos referidos a los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, luego de determinar que no existían elementos suficientes para sustentar una acusación penal. Del mismo modo, planteó archivar las denuncias sobre la presunta infracción a los artículos 158 y 159 inciso 2 de la Constitución respecto a su ejercicio funcional como fiscal de la nación.

Sin embargo, el informe final sí propuso acusar a Delia Espinoza por infracción constitucional en los artículos 45, 93 y 139 —incisos 3 y 5—, al considerar que su conducta vulneró principios básicos del ejercicio público y afectó competencias propias del Parlamento.

En consecuencia, la Subcomisión planteó imponer una sanción de inhabilitación por 10 años para ejercer cargo fiscal, aplicando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad previstos en el artículo 100 de la Constitución.

Finalmente, la SAC recomendó remitir el informe a la Comisión Permanente para que continúe el procedimiento correspondiente. Lo vergonzoso de este caso que evidencia la inmoralidad política de algunos legisladores que fueron militares es que ellos no debieron votar ya que incurren en conflictos de interés como lo ordena su Código de Ética Parlamentaria, ya que votaron a favor de una ley que les concedía ingresos económicos que la Constitución prohíbe y solo permite que por función docente una persona puede percibir dos sueldos del aparato estatal.

El caso pasa a la Comisión Permanente y luego al Pleno del Congreso en los próximos días donde no sería raro que por consigna política la mayoría derechista acuerde inhabilitarla pese a que más de cuarenta legisladores están investigados y otros acusados por diversos delitos por la Fiscalía de la Nación.