En forma sorpresiva y sin transparencia como lo exige la legislación estatal cuando se refiere a recursos naturales del país, el gobierno de Jerí ratificó la adenda del contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani que suscribió semanas atrás la ex presidenta Boluarte. Según la ministra de Economía, permitirá un adelanto de inversión cercana a US$ 700 millones por parte de la concesionaria, orientada a ampliar en un 50 % la capacidad operativa del puerto y fortalecer la conectividad y competitividad de la macro región sur.

Denisse Miralles, destacó que la suscripción es una clara señal de confianza en nuestra economía y en el futuro del Perú y con el adelanto de inversiones, se proyecta la generación de 1,800 empleos directos durante la fase de construcción, lo que dinamizará la economía regional y nacional, así como la construcción de un nuevo amarradero multipropósito con rompeolas para buques de hasta 60 000 DWT, un almacén de minerales con capacidad para 40 000 toneladas métricas y un moderno patio de contenedores de 4.6 hectáreas. Además, se modernizará el muelle ABC, ampliando su profundidad y mejorando su infraestructura para atender una mayor variedad de cargas.

La adenda fue suscrita entre la Autoridad Portuaria Nacional (MTC), como representante del Estado, y TISUR es el resultado de un trabajo coordinado entre el MEF, el MTC, la APN y Proinversión y el acuerdo incluye la extensión de la concesión por 30 años adicionales, asegurando la continuidad operativa del puerto y su transformación en un “hub” logístico clave para el desarrollo del Perú. En la ceremonia también participaron el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio; y el presidente del directorio de la APN, Juan Arrisueño.

Sin embargo, hay que recordar que el 30 de octubre el congresista de la república Edwin Martínez Talavera, presentó una denuncia constitucional ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del congreso de la república, por Infracción de los artículos 58, 61 y 76 de la Constitución y por la presunta comisión de los delitos de Colusión, Negociación Incompatible y aprovechamiento del Cargo tipificado en los artículos 384 y 399 del Código Penal contra la expresidenta Boluarte y ex ministros.

Los acusados son, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de Ex Presidenta de la República, César Carlos Sandoval Pozo, en su condición de Ex Ministro de Transportes y Comunicaciones y Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, en su condición de Ex Ministro de Economía y Finanzas a efectos de que se determine su responsabilidad y se resuelva Inhabilitar a los denunciados para el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años; igualmente, que se remitió la respectiva acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación para que proceda según sus atribuciones respecto al ejercicio de la acción penal que corresponde.

El argumento principal de la acusación de Martínez es por la aprobación y firma del Decreto Supremo N° 015-2025-MTC mediante el cual se aprueba el texto de la Adenda Nro. 5 del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani y sus Anexos en beneficio de la empresa concesionaria Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR SA).

El congresista sostiene que la aprobación de la adenda 5 de extensión en favor de TISUR, es inconstitucional, ilícita, ilegítima e indebida del contrato de concesión por un nuevo plazo de 30 años más; aun cuando la terminación del contrato con el referido concesionario habría de ocurrir en el año 2029.

Martínez, señala que el artículo 61 de la Constitución consagra que el Estado tiene la obligación de facilitar y vigilar la libre competencia; sin embargo, con la aprobación del referido Decreto Supremo, se impide completamente la posibilidad de llevar a cabo una libre competencia entre agentes económicos, pues se permite que una empresa privada en específico se apropie del control absoluto de una concesión estatal, restringiendo la posibilidad de que nuevos agentes se postulen a ocupar tal posición, beneficiada del embarque de cobre y otros productos que exporta el Perú al mundo.

Agrega que los denunciados están habilitando de modo fraudulento que un único agente privado ejerza desreguladamente el control absoluto del mercado y la actividad económica que se realiza en el puerto de Matarani en Arequipa, circunstancia que dicha empresa aprovecha para llevar a cabo una serie de prácticas desleales, abusivas, perjudiciales para el normal desenvolvimiento del mercado, lesivas a la actividad económica que realizan los ciudadanos (especialmente los emprendedores), y contrarias a las normas constitucionales.

Por lo tanto, la libre competencia es crucial en los contratos de concesión porque garantiza condiciones de igualdad y equidad para todos los postores, promueve la eficiencia económica a través de la mejora en precios y calidad para los consumidores, fomenta la innovación y previene la concentración de poder en un solo proveedor.  Se asegura así que el Estado obtenga la mejor oferta posible para la prestación de un servicio público y que los ciudadanos se beneficien de servicios más competitivos.

El 30 de octubre, el congresista Edwin Martínez exhortó al nuevo presidente del Consejo de ministros Ernesto Álvarez y al nuevo ministro de transportes y comunicaciones Aldo Prieto a derogar el decreto supremo N° 015-2025-mtc para detener este despropósito y abuso y no ser cómplices del mismo.

Sin embargo, el gobierno de Jerí al suscribir el acta de adenda, estaría convalidando lo suscrito por el gobierno de Boluarte, por lo que en las próximas horas el congresista Martínez deberá pronunciarse sobre el tema, ya que los recursos naturales del Estado deben subastarse públicamente y no ampliarse contratos mediante adendas más aún cuando dicho contrato con dicha empresa recién vencería en cuatro años, por lo que el legislador mistiano debería evaluar si amplía la acusación constitucional contra la actual ministra de economía y todos los funcionarios involucrados de la Autoridad Portuaria Nacional (MTC), como representante del Estado, del MTC, la APN y Proinversión.

Lo preocupante es que el alcalde provincial de Islay no emite ningún pronunciamiento sobre el tema ni los representantes de la sociedad civil respecto a un recurso natural que le pertenece a todos los peruanos y antes de ampliarse la concesión debería evaluarse por los organismos especializados si dicha concesionaria cumplió en los últimos 25 años con los compromisos de inversiones que asumió cuando se suscribió el contrato inicial. Se desconoce asimismo si la Contraloría ha emitido opinión sobre este tema conforme la ordena la legislación vigente. Estaremos a la expectativa de este caso emblemático.

Más allá de la acusación constitucional contra Boluarte por parte de Martínez, alguno de los congresistas de Arequipa, deberia presentar una moción para crear una comisión investigadora que indague a fondo quienes son los funcionarios estatales que han intervenido y avalado esta ampliación de la concesión por 30 años más y en qué condiciones se ha suscrito un nuevo contrato que no ha sido transparentado a la opinión pública y es un pésimo referente que cargará como pasivo el gobierno de Jerí, pero también de la ministra de Economía que debería llegar a Arequipa e Islay y explicar documentadamente sobre esta adenda express en favor de una concesionaria privada.

Foto El Peruano