La Policia Nacional de Lima Metropolitana y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash, figuran en el top de las 10 primeras de gobierno nacional con alto riesgo de corrupción e inconducta funcional en el año 2024, seguidos de la Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional San Luis Gonzales de Ica, Ministerio de Salud, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Ejercito Peruano, Ministerio de Transportes, Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio del Interior, figuran entre las entidades estatales con alto riesgo de corrupción.

Así lo refiere el Índice de riesgos de corrupción e inconducta funcional INCO 2024 que publicó la Contraloría el 12 de julio del 2025 en su portal web. Respecto a las entidades de los gobiernos regionales con mayores riesgos de corrupción, en los cinco primeros lugares aparece el sector educación de la región Piura, sector salud en región Tumbes, el gobierno regional de Junín, el sector educación en la región Amazonas y el sector salud en la región Lambayeque.

En relación a las cinco empresas públicas con mayor riesgo de corrupción, figuran la empresa de saneamiento de Lambayeque, la empresa de saneamiento de Huancayo, la empresa de saneamiento SEDAPAR de Arequipa, la empresa municipal de peaje de Lima y la empresa municipal de saneamiento de Cusco.

Respecto a las diez provincias a nivel nacional donde hay mayor riesgo de corrupción e inconducta funcional según Contraloría, con alto riesgo se ubica en primer puesto la provincia de Jorge Basadre de Tacna. Continúan con riesgo mediano alto las provincias de Zarumilla en la región Tumbes, Casma en la región Ancash, Mariscal Nieto en la región Moquegua, Contralmirante Villar en la región Tumbes, en la provincia de Piura en la región Piura, Tambopata en la región Madre de Dios, Virú en la región La Libertad, Arequipa en la región Arequipa y Tacna en la región Tacna.

Según el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional 2024 de la Contraloría, se evaluaron a un total de 2,928 entidades estatales que dependen del tesoro público. En inconducta funcional se evaluó las variables de negligencia y débil rendición de cuentas, y en corrupción la afectación al tesoro público y el interés indebido y abuso de funciones.

Los resultados de los principales hallazgos del INCO 2024, fueron diez. 1. El 39% de funcionarios y servidores públicos con sancione vigentes son del gobierno nacional, 2. En 1/3 de las entidades evaluadas se identificó en responsabilidades administrativas, civiles y penales, 3. En más de 1,800 entidades el 50% de sus contrataciones se realizan bajo modalidades poco competitivas, 4. Más de 100 mil proyectos abandonados y sin continuidad financiera.

5. 292 entidades estatales presentan un nivel de madurez inexistente del Sistema de Control Interno, 6. 30% de las entidades cuentan con recomendaciones pendientes de implementar, 7. El 54% de las entidades contrataron al menos 1 proveedor impedido de contratar con el Estado, 8. 95% de entidades registran servidores que no cumplieron con remitir sus declaraciones juradas.