La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, mediante pronunciamiento institucional cuestionó al Congreso ya que afirman que con la vacancia pactada a Dina Boluarte entre los partidos políticos que la integran solo se prolonga la corrupción y la impunidad con el nuevo presidente José Jerí.

El pronunciamiento afirma que la vacancia de Boluarte no representa un nuevo comienzo, sino la continuidad de un régimen sostenido en la violencia, la corrupción y el pacto de impunidad. Sostienen que el gobierno deja un saldo de 50 muertos en protestas sociales y más de cinco mil homicidios y un país cada vez más inseguro, marcado por el avance de delincuencia y el sicariato.

Por lo tanto, la salida de Boluarte no borra su responsabilidad y la sociedad exige que rinde cuentas por las graves violaciones y decisiones que marcaron su gestión. El pronunciamiento remarca que quienes hoy con José Jerí el poder como nuevo presidente, y Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso, integran la misma estructura política que ha alimentado la desconfianza en las instituciones y subordinado el Estado a intereses particulares.

Por tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, afirma que el Perú necesita un cambio real que devuelva al Estado su rumbo democrático y deber de proteger a la población. Ese cambio solo sera posible con verdad, justicia y respeto de los derechos humanos, garantizando un proceso electoral limpio y autoridades que enfrenten la corrupción y la inseguridad con capacidad y compromiso.

Remarcan que la ciudadanía exige medidas inmediatas, como la derogatoria de leyes que favorecen la criminalidad y la impunidad, funcionarios técnicos y sin vínculos con la criminalidad y la corrupción, y el compromiso firme de proteger y defender los derechos humanos. Por lo que, desde la sociedad civil, se mantendrán vigilantes para que la impunidad y los intereses políticos no sigan debilitando la democracia ni poniendo en riesgo los derechos de todos los peruanos.

La CNDDHH se fundó en 1985 y es la primera institución de referencia en América Latina que reúne a un colectivo de organismos de derechos humanos de un país y cuenta con Status Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU), y está acreditada para participar en las actividades de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su actual Secretaria Ejecutiva es Tania Pariona Tarqui.

Tienen como visión al año 2026, avanzar en la construcción de una sociedad plural, con disputa de los derechos para todos con defensa de la justicia y los derechos humanos, con reconocimiento de acceso básico a ingresos suficientes para una vida digna, garantizando mínimos de igualdad; combatiendo el racismo y respetando los derechos de los pueblos indígenas, originarios y afroperuanos de la costa, sierra y selva, caminando hacia un régimen político pluralista, participativo y paritario que afirma la igualdad de género, la no discriminación ni la exclusión, así como la armonía con los derechos de la naturaleza y el cuidado de la casa común.

Foto Andina