La Constitución de 1823 creó el cargo de prefecto departamental en sustitución del intendente virreinal. En el nuevo Estado, el prefecto debía presidir la junta departamental, representada por un delegado de cada provincia, cuya asamblea debía ser democrática, deliberativa y descentralizada, según el ideal republicano.

Cada departamento naciente (en total, se crearon ocho) se representaba por una junta departamental democrática, compuesta por el prefecto departamental, el subprefecto provincial y el gobernador distrital.

El general Bernardo O´Higgins describe, durante su viaje al flamante departamento de Huamanga en 1824, la actuación legal del prefecto de esta circunscripción: El prefecto de la ciudad ha renunciado a su cargo, a causa de una asonada en contra suya por haber cumplido con su deber.

Uno de los cargos más serios que se le ha hecho, ha sido el mandar a la cárcel a un fraile que se había robado una muchacha, lo que era perfectamente efectivo. (Guerrero y Ortiz, 2019, p. 192) Otra vez, la contradicción entre la legalidad y la realidad, entre la norma y los privilegiados, entre el poder republicano y el poder eclesiástico, que se hereda.

El libertador de Chile también contempla la mutación de la parroquia, que se ha convertido en el flamante distrito, manteniendo la practica virreinal de nombrar a sus caciques autoridades con legitimidad social: Poco después de nuestra llegada a Moche me llamo la atención que el cura se dirigiera a un individuo colocado detrás de mí, llamándolo pomposamente Señor Gobernador.

Al volverme, pude ver a un indio sumamente gordo sin medias ni zapatos, cubierto con un poncho andrajoso y que tenía en sus manos un bastón con puño de plata, insignia de su alto oficio de gobernador de los indios de Moche. (Guerrero y Ortiz, 2019, pp. 52-53) No obstante, las condiciones de la guerra y el estado de sitio de muchos departamentos generaron que la institución republicana del prefecto se militarizara y en los distritos se hiciera funcional a las autocracias, lo que trajo nuevos conflictos republicanos.

Agustín Gamarra fue prefecto del Cuzco (1825) tras la partida de Bolívar; y, usando este poder, atizó los conflictos con la Bolivia de Sucre, a pesar de la prohibición del Congreso, al que desacató. Antonio Gutiérrez de la Fuente fue prefecto de Arequipa entre 1825 y 1828, y desde esta posición conspiró contra el gobierno legítimo (interino) de Salazar y Baquíjano, al que dio un golpe de Estado en Lima, mientras su socio Gamarra obligaba a dimitir en Piura al presidente La Mar (1829).

Toda la estructura publica se militarizó; por ejemplo, el subprefecto de Tarapacá, el teniente coronel Ramón Castilla, desde esta posición hizo campaña contra la Constitución Vitalicia de 1826. Posteriormente, José Rufino Echenique fue nombrado prefecto de Lima, durante el breve Directorio de José Ignacio de Vivanco (Tauro del Pino, 1973), experiencia que le vale para aspirar a la presidencia.

En las elecciones de 1851, Echenique, alfil del presidente Castilla en el poder, testimonia cuál era la base clientelar en esta república vertical: «Había sido ministro de Guerra, y era querido en el Ejército y por todos los militares, sin tener entre ellos ningún enemigo pues no había tenido lugar causa alguna para ello» (Echenique, 1952, pp. 156-157).

El candidato Echenique identifica dónde reside la fuente de su poder electoral: «Las autoridades políticas que desempeñaban las prefecturas y subprefecturas eran de mi amistad, muchas de ellas muy íntimamente, y en la política, después de Castilla, me consideraban como caudillo del partido a la que pertenecía» (Echenique, 1952, p. 57).

Los prefectos, subprefectos y gobernadores designados por el Poder Ejecutivo garantizaban la seguridad, la movilización de los electores y la logística de los comicios. Las prefecturas aseguraban la lealtad gubernamental; por ello, el militarismo encontró en estos cargos un factor para comprar lealtades, tener base clientelar y hacer que el militarismo cope las instituciones republicanas. No solo eran la base electoral, también eran el principal recaudador de facto, así como el más activo reclutador de nuevos conscriptos nativos, configurando las repudiadas «levas» para el Ejército peruano.

En el Virreinato, el recaudador era el intendente, funcionario civil apoyado eficazmente por el cacique, quien recibía un porcentaje de comisión por lo recaudado; en la primera etapa republicana, el recaudador fue el prefecto, funcionario militar foráneo, quien sin legitimidad social recaudaba compulsivamente el tributo a los indios y a sus propios caciques; la «contribución personal» (tributo indígena) se hizo impopular durante el nuevo orden en varias comunidades andinas, suscitando algunas rebeliones antirrepublicanas.

Era inevitable que de ese rol público surgieran los principales caudillos militares, como Riva Agüero, Gutiérrez de la Fuente, Gamarra, Castilla, Vidal, Vivanco, Echenique, Cáceres, entre otros. En las prefecturas o en alianzas con ellas se fraguaron docenas de golpe de Estado a lo largo del siglo XIX. De ese poder de facto emergería el presidente, que parecía más un representante imperial sin freno que una autoridad legítima de una república.

Raúl Chaname Orbe – Docente de la UNSM – La República Coronada – Bicentenario Perú 2024.