El Ministerio Público mediante pronunciamiento institucional, expresó su rechazo a la Ley 32330, publicada hoy en el diario El Peruano el sábado 10 de mayo, que disminuye la edad de la responsabilidad penal común a 16 años para delitos graves, lo que incumple la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Perú.

Señalan que en el Perú ya existe un sistema de tratamiento a los adolescentes que infringen la ley penal. Ellos reciben medidas socioeducativas severas de hasta 10 años de internamiento, dentro de un enfoque resocializador del adolescente reconociendo que se trata de una persona en formación.

Por tanto, la norma recientemente promulgada sería inconstitucional y contraria a las opiniones de los organismos competentes, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como los informes técnicos de expertos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y de Unicef.

El Ministerio Público advierte que esta norma aprobada por el Congreso, no guarda coherencia lógica con el ordenamiento legal peruano e internacional y la nueva ley es un retroceso en la protección de la niñez y adolescencia, y no es eficiente ni idónea para los objetivos que persigue, dado que el incremento de las formas de criminalidad y de la incidencia delictiva en el Perú obedecen a otras causas que requieren medidas eficientes de lucha frontal contra las organizaciones criminales, que no han sido adoptadas hasta la fecha, pese al clamor ciudadano.

Finalmente, exigen la necesidad de la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento.