El 19 de marzo del 2025 el congresista Guido Bellido, presentó el proyecto de ley para que la ONPE conduzca los procesos electorales de las autoridades en las universidades públicas del país, por lo que plantea modificar los artículos 59° y 72°, y la Primera Disposición Complementaria Transitoria y Décimo Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N°30220, Ley Universitaria, a fin de restablecer la democracia en los procesos electorales de las universidades públicas.

Entre las modificaciones al art. 59 sobre Atribuciones del Consejo Universitario, propone, “dictar el reglamento general de la universidad y otros reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento”.

Modificar el artículo 72° de la Ley N°30220, Ley Universitaria, en los términos siguientes: “Cada universidad pública tiene un Comité Electoral Universitario que es elegido por la Asamblea Universitaria cada vez que ocurre un proceso electoral, con una anticipación no menor de seis (6) meses previos a dicho proceso, y constituido por tres (3) profesores principales, dos (2) asociados y un (1) auxiliar, y por tres (3) estudiantes. Está prohibida la reelección de sus miembros. El Comité Electoral es dirigido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), siendo este último el que se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son inapelables. El sistema electoral es el de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, directo y secreto. El Estatuto de cada universidad pública norma el funcionamiento del Comité Electoral Universitario, de acuerdo con la presente Ley. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) garantiza la transparencia del proceso electoral, por ende, organiza y ejecuta todo el proceso electoral. La Policía Nacional del Perú brinda seguridad en los procesos electorales de las universidades».

En la exposición de motivos del proyecto de ley de Bellido, afirma que, en los últimos años, se han advertido problemas en el proceso electoral de las autoridades universitarias, siendo una de las causales la ausencia de transparencia en dichos procesos. Entre ellos en la UNI, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), la Universidad de San Martín de Porres (USMP), la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA), entre otras, alrededor del país.

La inestabilidad política, el riesgo de deslegitimación de los resultados o las dificultades para organizar los comicios de manera ordenada, son algunas de las causas que fomentan la suspensión de las elecciones o la nulidad de las que se llevaron a cabo. Bellido agrega que la Defensoría del Pueblo y Contraloría también en pronunciamientos han advertido irregularidades en procesos electorales de algunas universidades el 2019 y 2024

El congresista Bellido, indica que se advierte que pese a la asistencia técnica de ONPE, los problemas respecto a la falta de transparencia no han sido solucionados, lo que supone, el deber de aplicación de una medida más idónea que haga cumplir con el respeto irrestricto de la democracia, los preceptos normativos que regulan el proceso electoral y la transparencia en la elección de las autoridades universitarias.

Esta decisión establece mayor intervención de ONPE, ya no como veedor sino como titular del proceso electoral, lo cual se justifica en: 1. ONPE es una entidad externa y ajena a la población universitaria, por tanto, no existen fines unilaterales o intereses propios por manipular el proceso electoral. 2. ONPE es el máximo organismo electoral constitucional autónomo que forma parte del Estado y que se encarga de organizar y ejecutar distintos procesos electorales. 3. ONPE tiene la logística y capacitación técnica necesaria para cumplir con los preceptos normativos del proceso electoral y en el plazo conferido.

Bellido concluye, afirmando que su propuesta iniciativa legislativa pretende reestructurar el proceso electoral universitario, puesto que el actual no ha obtenido resultados favorables y por el contrario, ha generado, año tras año, deterioro en la confianza de la población universitaria y del país de una educación libre y con arreglo a Ley.