En sesión ordinaria del Consejo Regional del martes 11 de marzo se aprobó un polémico acuerdo regional que generará enfrentamiento con las universidades e institutos superiores de Arequipa. Fue la consejera Arminta quien propuso el acuerdo regional para declarar de interés regional para que los hombres y mujeres que se consideran trans, sus “nombres sociales” se incluyan y se respete esa denominación en las universidades e institutos superiores de las universidades locales exhortándolos a que cumplan el acuerdo regional.

Una representante de los trans en Arequipa intervino en el debate y afirmó ante los consejeros regionales, que está vigente la ordenanza regional 428 que protege sus derechos y prohíbe la discriminación, y que los trans son el 10% de arequipeños, dedicándose algunos de ellos a la prostitución porque no tienen otras alternativas laborales y tenían derecho a estudiar en universidades y no ser discriminados por su condición, por lo que solicitaban se apruebe dicho acuerdo regional.

En el debate, el consejero Cornejo reconoció que se aprobó la ordenanza 428 y la Constitución prohíbe la intolerancia y discriminación por lo que habría que reglamentar dicha ordenanza, pero no tenía sentido aprobar un acuerdo regional, ya que no se puede obligar a las universidades a reconocer los “nombres sociales”.

El consejero Ale indicó que hay que ser solidarios con este sector minoritario de la sociedad, mientras que la consejera Ortega respaldó el acuerdo regional y sugirió que los “nombres sociales” sean utilizados en las universidades y se incluya a los institutos superiores. El consejero Huanca propuso que este tema debería convertirse en ley con el apoyo de los parlamentarios de Arequipa. En la votación final, se aprobó dicho acuerdo regional muy polémico que careció de un dictamen jurídico.

Los consejeros regionales aprobaron, asimismo la ordenanza regional del TUPA de procedimientos administrativos en la gerencia de Agricultura, la ordenanza regional que crea el Comité Multisectorial Regional que erradica la mosca de la fruta.

Se aprobó el acuerdo regional que declara de necesidad pública e interés regional la adquisición de equipos e implementar las áreas críticas del Hosp. Goyeneche. El Jefe del COER no asistió por tercera vez al Consejo Regional para exponer su trabajo frente a las lluvias y envió a su representante lo que generó fuertes criticas contra dicho funcionario regional.

Breve comentario.

Vivimos en un Estado Constitucional de Derecho y el Consejo Regional debería respetar todas las normas vigentes. El dictamen del proyecto de acuerdo regional que finalmente fue aprobado sobre los “nombres sociales a los trans” careció de sustento jurídico solvente. No se mencionó ninguna resolución de la ONU, OEA, Organización Mundial de la Salud, Convención Americana de Derechos Humanos que ampare los derechos de los trans. Tampoco se mencionó ningún articulo de la Constitución Política, ninguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y menos del Tribunal Constitucional.

Tenemos un Consejo Regional muy informal, porque a veces se aprueba al carpetazo acuerdos y ordenanzas que no son sustentadas ante el pleno e incluso no se da lectura a los dictámenes que por mandato del reglamento interno debería efectuarse obligatoriamente. Se abusa de la mayoría del voto.

No se trata de sentimentalismos, ni salud mental, se trata que respetemos el Estado Constitucional de Derecho que rige en el país, del cual no están excluidos los consejeros. Si el Consejo Regional estima que es necesario que los trans tengan derecho al “nombre social”, entonces los consejeros deben justificar sus dietas y sus asesores legales, deberían presentar ante el Congreso un proyecto de ley en esa dirección con buena argumentación jurídica, técnica y de salud.

¿Será este acuerdo aprobado otro saludo a la bandera del legislativo regional? ¿Le harán caso las universidades e institutos al acuerdo aprobado? ¿No deberían las organizaciones nacionales de trans presentar una propuesta de reforma constitucional ante el Congreso para que se les reconozca dicho derecho que exigen?

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado