El 26 de febrero del 2025 el alcalde de Cayma, Juan Linares, informó en conferencia de prensa que el domingo 09 de marzo se realizará la trigésimo octava maratón internacional Virgen de la Candelaria desde las 07 horas, teniendo como punto de partida y llegada en el puente Chilina.

Lo novedoso del anuncio fue que Linares, informó que se sorteará una camioneta 0 KM entre los corredores de todas las categorías que registren su recorrido de partida y llegada. El alcalde de Cayma, no precisó de donde provienen los recursos económicos para la compra de la camioneta que será sorteada entre los maratonistas. Esa omisión documentaria podría dar lugar que la Fiscalía de Prevención del Delito, lo investigue e incluso podría solicitar a la Fiscalía Penal que se le denuncie por presunto peculado y malversación de fondos municipales.

A fines del año 2023, la Fiscalía de Prevención del Delito de Arequipa, informó que algunos alcaldes distritales y provinciales anunciaban en sus redes sociales institucionales los sorteos de artefactos eléctricos y vehículos a favor de sus contribuyentes lo que podría dar lugar a ser denunciados por los delitos de peculado y malversación de fondos tipificados en el Código Penal.

En diciembre del 2023, la petición de intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito lo solicitó el ciudadano Cirilo Patiño Cáceres, quien, con documentación, sustentó ante la Fiscalía que los alcaldes distritales de Cerro Colorado, Yura y otros, promocionaban que los ciudadanos paguen sus impuestos y se acojan a amnistías tributarias y los que lo hagan, podrán participar en el sorteo de artefactos eléctricos y vehículos nuevos programados para el 31 de diciembre del 2023 y 06 de enero del 2024 lo que afecta al patrimonio estatal de las municipalidades y está prohibido por la legislación penal.

La Fiscalía de Prevención del Delito, recordó a los alcaldes que el Código de Ética de la Función Pública y en el Código Penal, refiere que se comete delito de malversación de fondos cuando el funcionario, “que da dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinado, afectando el servicio o función encomendada”.

Asimismo, remarcó que el artículo 387 del Código Penal referido al peculado, afirma que se comete dicho delito cuando el funcionario o servidor, “se apropia o utiliza en cualquier forma para sí u para otro los caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo”.

La Fiscalía de Prevención del Delito, exhortó, por tanto, a los alcaldes que cumplan con sus deberes de proteger y conservar los bienes estatales, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, evitando emplear o permitir que otros utilicen el patrimonio estatal para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados, bajo el riesgo de ser denunciados penalmente.

El alcalde de Cayma, no ha precisado de donde salen los fondos económicos de la camioneta que pretende sortear. No puede utilizar fondos municipales programados el año 2024 para el 2025 en servicios u obras porque incurriría en malversación de fondos que sanciona el Código Penal.

Incurriría en peculado si utiliza en cualquier forma los caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. La única salida que tendría el alcalde de Cayma es demostrar documentadamente que la compra de la camioneta que pretende sortear proviene de donaciones económicas de empresas privadas que tiene un fin específico y están registrados oficialmente en actas o documentos.

El viernes 28 de febrero del 2025, vía telefónica solicitamos al área de prensa del Ministerio Público de Arequipa que nos contacten con la Fiscalía de Prevención del Delito para obtener una declaración oficial sobre este tema concreto y hasta el momento no hay respuesta. Llamamos por teléfono al presidente de la Junta de Fiscales Superiores para recoger su opinión y no contestó las llamadas para abordar este asunto de interés público.

Es oportuno que la Fiscalía de Prevención del Delito, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, cada uno de ellos en el marco de sus competencias y funciones establecidas en la legislación vigente, se pronuncien oficialmente, ya que hay que dar buen uso y cautelar los recursos económicos estatales.

El alcalde de Cayma, Juan Linares, tiene también la obligación de emitir un pronunciamiento público sobre este tema y en forma documentada. El periodismo cumple con su rol de control social a los poderes públicos, exigiendo no solo transparencia, sino rendición de cuentas al soberano a quienes todos nos debemos.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado