El congresista Wilson Soto, presentó el proyecto de ley por el cual pretende modificar el literal h) del artículo 5 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, con el propósito de aumentar el porcentaje de adherentes exigido como requisito para la inscripción de partidos políticos y la relación de adherentes en número no menor de diez por ciento (10%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, con la firma y el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de éstos.

Las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años, contados a partir de la adquisición de formularios, para la recolección de firmas de adherentes y la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado nacional de Elecciones. La responsabilidad penal por fraude en la recolección de firmas de adherentes recae sobre el responsable que el estatuto de la organización política determine, así como en el responsable de la hoja de adherentes.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, señala que el artículo 2 de la Ley 31981 en dicha norma reformó el literal h) del artículo 5 de la Ley 28094, estableciendo que, para la inscripción de un partido político, se debe acompañar a la solicitud una lista de adherentes equivalente al 3% de los ciudadanos que participaron en las últimas elecciones de carácter nacional, debidamente identificados con su firma y número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

En consecuencia, para registrar un partido político en la actualidad, se exige contar con el respaldo de al menos 531,412 ciudadanos, una cantidad que, si bien es significativa, no representa un obstáculo insalvable para la constitución de nuevas organizaciones políticas.

Soto afirma que actualmente hay 42 partidos inscritos ante el JNE para las elecciones 2026 y 31 están en proceso de inscripción, por lo que una cantidad tan elevada de partidos políticos no solo complica la labor de las instituciones públicas responsables de organizar y materializar las elecciones, como el JNE, la ONPE y el RENIEC, sino que también dificulta la participación ciudadana. Los electores se enfrentarán a una abrumadora cantidad de candidatos, muchos de ellos desconocidos, lo que podría derivar en la elección de autoridades con porcentajes de apoyo mínimos y, por ende, con escasa legitimidad popular. Esta dispersión del voto, lejos de fortalecer la democracia, podría agravar la crisis de representatividad y gobernabilidad que ya aqueja al país.

Sostiene que la excesiva oferta de partidos políticos contribuye a un mayor fraccionamiento de la población, dificultando los consensos necesarios para la toma de decisiones políticas efectivas. En un contexto de alta fragmentación, los partidos tienden a priorizar intereses particulares o de corto plazo sobre el bien común, lo que obstaculiza el fortalecimiento institucional y perpetúa la debilidad estructural del sistema político peruano. Por lo tanto, este escenario plantea un desafío urgente: encontrar un equilibrio entre la pluralidad democrática y la viabilidad práctica de un proceso electoral que garantice resultados representativos y legítimos.