El congresista Eduardo Salhuana, presentó el proyecto de ley por el cual pretende se declare en Estado de Emergencia a la Policía Nacional del Perú por un plazo de 120 días y encargar al Poder Ejecutivo realizar las gestiones que correspondan a fin de dotarla de equipamiento, servicios y otros recursos logísticos prioritarios; así como el mejoramiento de su infraestructura o culminación de obras, que le permita luchar contra la criminalidad a nivel nacional.

La propuesta legislativa propone crear la Comisión Ad-Hoc para el seguimiento y supervisión de las contrataciones directas ejecutadas durante el periodo de emergencia, cuyos miembros serán integrados y designados por cada una de las entidades siguientes: Un representante titular y alterno del Ministerio del Interior, quien se encargará de presidir, Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia del Consejo de Ministros, Asociación de Municipalidades del Perú  y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

La Comisión Ad Hoc podrá contar con la colaboración y participación en calidad de veedor de un representante de la Contraloría General de la República. Culminado el periodo de emergencia, en el plazo de sesenta días calendario, la Comisión Ad Hoc informará al Congreso de la República sobre las inversiones, bienes o servicios contratados o ejecutados a favor de la Policía Nacional del Perú en aplicación de la presente ley.

En la exposición de motivos del proyecto de ley de Salhuana, afirma que la encuesta del Observatorio Ciudadano «Lima Cómo Vamos», correspondiente al 2024, el 80.2% de los ciudadanos de Lima y Callao considera que la inseguridad ciudadana es el problema más importante que afecta su calidad de vida y el 84.6% se mostró insatisfecho con la forma en que las autoridades abordan esta problemática.

El parlamentario afirma que su propuesta legislativa modifica el artículo 27° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1579, Decreto Legislativo que autoriza el uso de los recursos de canon y sobre canon en los gobiernos regionales y gobiernos locales en materia de seguridad; con el propósito de optimizar los mecanismos de asignación y ejecución de recursos destinados a la seguridad ciudadana.

Agrega que la propuesta de modificación introduce como causal específica de contratación directa las situaciones de emergencia de la Policía Nacional del Perú declaradas por ley, lo que permitirá agilizar la adquisición de bienes y servicios estratégicos para el fortalecimiento de la capacidad operativa de la institución. Esta modificación garantiza una respuesta inmediata ante el contexto de inseguridad ciudadana, evitando los retrasos burocráticos que actualmente afectan la implementación de estrategias de seguridad.

Por otro lado, la ampliación del uso de los recursos de canon, sobre canon, Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y el Fondo de Compensación Regional (FONCOR) para el financiamiento y cofinanciamiento de inversiones orientadas a la seguridad ciudadana. Con esta medida, los gobiernos regionales y locales podrán destinar estos fondos no solo a infraestructura policial, sino también a equipamiento, modernización tecnológica, adquisición de vehículos у mejora de las condiciones operativas de la Policía Nacional del Perú.