La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa que integran los jueces superiores, Paredes, Yucra y Zamalloa, mediante Resolución 003-2SC, admitieron a tramite la demanda de proceso constitucional de amparo interpuesto por los abogados, Walter Paz, Jorge Sumari, José Villafuerte, Ruth Acosta, Jorge Condori, Carlos Salas Julián Zavala,  Arquimides Revilla y Walter Mendoza, en contra del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, del gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, del gerente ejecutivo de AUTODEMA, Duberly Otazu, y contra los ocho consejeros regionales que votaron a favor de la transferencia del Proyecto Majes II al MIDAGRI mediante acuerdo regional en julio del 2024.

Ellos son, Antonio Llerena, Marleny Arminta, Elfer Ale, Roxana Llamocca, Norma Ortega, Aron Maldonado, Natividad Taco y Juan Huanca. La Resolución emplaza también al Procurador del MIDAGRI y al Procurador Publico del Gobierno Regional de Arequipa el traslado de la demanda a la parte demandada para que la absuelvan en el plazo de diez días de notificados.

Señala la audiencia única para el 03 de abril del 2025 a las 12 horas que se desarrollará de manera virtual mediante video conferencia bajo apercibimiento de llevarse a cabo la audiencia con los que se conecten virtualmente el día y la hora señalados para dicha diligencia.

Como se recuerda en sesión ordinaria del 22 de julio del 2024, el Consejo Regional aprobó por mayoría de 8 votos a favor, transferir el Proyecto Majes al MIDAGRI, mientras que 6 consejeros votaron en contra. Ellos fueron, Fernando Cornejo, César Huamantuma, Miguel Linares, Yesenia Choquehuanca, Osias Ortiz y Nila Roncalla.

Fue el lunes 21 de octubre del 2024 cuando los ocho abogados liderados por Walter Paz, presentaron el proceso constitucional de amparo ante el Juzgado Constitucional de Arequipa, en contra del acuerdo regional 125-2024 que aprobó el Consejo Regional de Arequipa en el mes de julio por el cual se transfirió el Proyecto Majes II al Ministerio de Agricultura, por lo que solicitan concretamente que se inaplique dicho acuerdo regional.

El argumento principal en la demanda de amparo es que el acuerdo regional aprobado contraviene el ordenamiento constitucional y legal del país, así como varias sentencias del Tribunal Constitucional en materia de descentralización y la ley orgánica de gobiernos regionales y ley de bases de la descentralización vigente en el país.