Los parlamentarios de Perú Libre presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir el financiamiento con fondos extranjeros en favor del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República (CGR), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta disposición busca salvaguardar la integridad y la imparcialidad en el ejercicio de las funciones de estas instituciones.

Los congresistas de Perú Libre señalan que la finalidad de la Ley es garantizar la imparcialidad y autonomía de las instituciones del Estado preservando su independencia y asegurando que sus funciones se realicen sin interferencias externas.

El proyecto de ley señala que se prohíbe de manera estricta que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR), el Registro Nacional-de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reciban financiamiento, donaciones o cualquier forma de apoyo económico de entidades, organismos o personas, ya sean naturales o jurídicas, procedentes del extranjero

En la exposición de motivos, el proyecto indica que el financiamiento extranjero destinado al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República (CGR), al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) representa un problema crítico que compromete la autonomía y la capacidad operativa de estas instituciones esenciales.

El proyecto refiere que en el año 2024 la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) -acepto una donación de 100 mil dólares americanos otorgada por la Agencia Peruana de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con la supuesta finalidad de contribuir en la consolidación de las organizaciones políticas en el Perú a través de la implementación progresiva de la Ley de Partidos Políticos, mejorar el conocimiento de la norma y su aplicación por parte de los propios partidos.

Agregan que el RENIEC mediante el Decreto Supremo 319-2018-EF, del 28 de diciembre de 2018, se aprobó una operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el RENIEC para financiar parcialmente el proyecto. El 6 de febrero de- 2019, el gobierno peruano suscribió el Contrato de Préstamo 4297/OC-PE con el BID por US$ 50 millones. El monto total de inversión del proyecto es de US$ 80,214,762, donde US$ 50 millones corresponden al préstamo del BID y US$ 30,214,762 a la contrapartida nacional.

El proyecto agrega que, al eliminar la posibilidad de financiamiento extranjero, se fomenta una mayor confianza pública en estas instituciones, ya que los ciudadanos percibirán que operan de manera independiente y comprometida con el bienestar nacional. Esto contribuye a un clima de transparencia y responsabilidad, elementos esenciales para el funcionamiento eficaz de cualquier democracia.

Además, esta ley facilitaría la prevención de interferencias en la política y la administración pública por parte de gobiernos o entidades extranjeras, protegiendo así el proceso democrático y garantizando que las decisiones reflejen las verdaderas necesidades y aspiraciones de la población local. De esta manera, se fortalece el sistema democrático, promoviendo un modelo en el que las instituciones se alineen con los intereses de los ciudadanos y respondan a sus necesidades.