Media docena de congresistas encabezados por la congresista Patricia Chirinos, presentaron una moción ante el presidente del Congreso, donde solicitan que constituya una Comisión investigadora Multipartidaria, encargada de investigar y detectar a los beneficiarios del financia miento de USAID en el Perú, desde el año 2015 a la fecha.

Sostienen que es necesario determinar si este financiamiento se direccionó de manera irregular para la implementación de agendas político – ideológicas en contravención a lo normado en la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes, y/o al debilitamiento de nuestra ¡institucionalidad democrática y establecer si el monto del financiamiento fue destinado para los fines para los cuales se declaró.

La moción pida se otorgue a la Comisión Investigadora multipartidaria constituida, el plazo de ciento veinte días calendario a partir de su instalación, a efecto de que cumpla con la labor encomendada y deberá recabar toda la información requerida en el primer apartado que sin/a, asimismo, para determinar las responsabilidades políticas y administrativas; así como civiles y penales que hubiera, para remitir esa información al Ministerio Público a fin de que proceda con las imputaciones y acusaciones respectivas pasibles de ser sancionadas por ley.

En la exposición de motivos de la moción, se señala que el 28 de enero del presente a través de un conocido Diario, se publicó información acerca del monto de financiamiento de más de dos millones de dólares proveniente de la Agencia de EE. UU para el Desarrollo Internacional-(USAID) a favor de diversos medios de comunicación.

En la lista de beneficiados, figuran entre otros, RPP (200,000 dólares); La Encerrona (104,000 dólares); Epicentro (70,000 dólares); Ojo Público (53,000 dólares); La República (32,000 dólares). Asimismo, en el mismo reporte se dio cuenta de que instituciones estatales como ONPE, JNE y LUM, también habrían sido beneficiadas, al igual que diversas ONGs tales como Manuela Ramos; Aprodeh, entre otros.

La moción señala también que, el 03 febrero del 2025 se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado la propuesta del actual responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, de cerrar USAID.

Agregan que, el mismo día el gobierno norteamericano a través de su portavoz, Karoline Leavitt justificó la medida de cierre de USAID al considerar sus actividades de financiamiento como un «despilfarro» de su país, que, entre otros, financió un comic transgénero en Perú cuyo costo es de 32,000 dólares3. Adicionalmente a ello, de acuerdo a una declaración del nuevo director interno de USAID, Marco Rubio, USAID destina solo el 12 % de cada dólar de ayuda a los beneficiarios finales, mientras que el resto se queda en organizaciones no gubernamentales (ONG).

Ante los hechos descritos, en ejercicio de la función de representación de los intereses nacionales, resulta necesario conformar una comisión investigadora que determine qué personas naturales y/o jurídicas del sector público y/o privado recibieron financiamiento de USAID; para qué fines se recibió este financiamiento; si este financiamiento se encontraba alineado con nuestra Constitución Política y nuestro ordenamiento jurídico interno en materia de la defensa de nuestros derechos elementales, nuestras libertades y nuestra institucionalidad democrática; y finalmente se determine si existió un desvío de fondos para financiar agendas políticas ajenas al concepto de financiamiento brindado por USAID.