Proponen que créditos suplementarios y transferencias del MEFC del presupuesto sean aprobados por Congreso

La congresista Maria Acuña Peralta presentó ante el Congreso el proyecto de reforma constitucional del artículo 80 de la Constitución Política del Perú con la finalidad de mejorar el sistema de presupuestario siendo la finalidad agilizar la gestión de la ejecución presupuestal, optimizando el proceso burocrático de aprobación de las transferencias de partidas, sin disminuir el control de la entidad rectora del sistema de presupuesto, que es el Ministerio de Economía y Finanzas.
La propuesta legislativa propone modificar el artículo 80 de la Carta Magna; en los siguientes términos: “Los créditos suplementarios, habilitaciones y las transferencias de partidas que no estén incluidas en la Lev de Presupuesto, se tramitan ante el Congreso de la República tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario, se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de sus miembros”.
En la exposición de motivos del proyecto de reforma constitucional de Maria Acuña, sostiene que el artículo 80 de la Constitución Política del Perú establece que el Congreso debe aprobar las transferencias de partidas presupuéstales, y la idea es que eso no cambie con la idea de mantener un equilibrio de poderes. Lo que se plantea cambiar es el mecanismo y el momento. Hay que evitar el abuso del ejercicio de poder, lo que implica un control equilibrado, pero muy técnico del uso de los recursos públicos.
Esencialmente con el planteamiento se busca evitar la burocratización y demoras en la gestión mediante la ¡implementación de mecanismos de aprobación más ágiles. También se busca disminuir la politización de las decisiones presupuestarias, estableciendo aprobaciones directas en momentos esencialmente basados en criterios objetivos y técnicos como es el caso de la Ley de Presupuesto para reducir discrecionalidades políticas. La propuesta de reforma constitucional combina la flexibilidad administrativa con el control político y garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos, se centra en combinar el principio de flexibilidad administrativa para el Ejecutivo dejando abierto el control efectivo y oportuno por parte del Congreso, a través de los diversos mecanismos que podría desarrollar en la Ley de la materia.
La propuesta según Acuña, indica la necesidad del equilibrio necesario entre los poderes del estado, por eso, en la misma se preserva la potestad del Congreso de supervisar las transferencias de partidas, mientras que paralelamente otorga al Ejecutivo la flexibilidad necesaria para gestionar el presupuesto de manera eficiente y oportuna.