El Colegio de Abogados de Lima (CAL), en defensa de los principios fundamentales del estado de derecho, la justicia y los derechos humanos, se pronuncia con firmeza ante la propuesta de creación de una Comisión Especial Multipartidaria en el Congreso de la República para llevar a cabo una reforma integral del Código Penal, conforme a los siguientes lineamientos:

1. La elaboración de un nuevo Código Penal no puede ser encomendada directamente a los congresistas de la República, incluso cuando se trate de una Comisión Especial Multipartidaria, ya que esta tarea exige un enfoque técnico, especializado y libre de intereses políticos coyunturales.
2. Exhortamos al Congreso de la República a delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo para la conformación de una comisión reformadora encargada de elaborar una propuesta de Código Penal. Esta comisión debe estar integrada por juristas destacados de diversas instituciones públicas y privadas, garantizando pluralidad y un enfoque alineado con los principios de un estado democrático y social de derecho.
3. El nuevo Código Penal debe ser un texto coherente, sistemático y unitario, que regule con claridad los delitos y las penas. Además, debe ajustarse a los estándares establecidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, los cuales el Congreso ha mostrado intención de desvincularse, contraviniendo los compromisos asumidos por el Estado peruano.
4. Una vez elaborado el proyecto por la comisión reformadora, este debe ser revisado exhaustivamente por el Congreso, a través de un debate transparente y participativo que garantice la calidad del texto final.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación por las recientes modificaciones al Código Penal realizadas por el Congreso, especialmente en temas relacionados con el crimen organizado, la criminalización de la actuación de jueces y fiscales mediante el delito de prevaricato, así como por las propuestas legislativas para suprimir el control difuso de la actividad judicial y desvincular al Estado peruano de los tratados internacionales (CIDH). Estas modificaciones se están efectuando de manera desordenada y sin una política pública integral, lo que, lejos de fortalecer el sistema de justicia, está debilitando el estado de derecho y generando desconfianza ciudadana hacia el Congreso de la República.

El CAL reitera su compromiso de colaborar, aportando su experiencia jurídica, en la construcción de un Código Penal moderno y justo. Instamos a las autoridades a garantizar que esta reforma responda a las necesidades del país y a los estándares internacionales.

Lima, 21 de diciembre de 2024

Junta Directiva