El Consejo Fiscal se pronuncia sobre el Presupuesto Público 2025 recientemente aprobado e iniciativas legislativas con impacto fiscal Resumen de la opinión del Consejo Fiscal.

Con relación al presupuesto público del año 2025 recientemente aprobado, el Consejo Fiscal (CF) considera que este no estaría efectivamente equilibrado, como lo exige la Constitución.

Durante el proceso de formulación y aprobación presupuestal, tanto el Ejecutivo como el Legislativo introdujeron iniciativas que incrementan el gasto público. Muchas de ellas sin una cuantificación de sus costos y sin identificación de las fuentes de financiamiento correspondientes.

La introducción de parte del Congreso de decenas de artículos y disposiciones en la Ley de Presupuesto 2025 que generan gasto público en dicho ejercicio presupuestal podrían ser inconstitucionales aún bajo la reciente interpretación del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de iniciativa de gasto público para los legisladores.

La aprobación en los últimos días de múltiples iniciativas legislativas por parte del Congreso de la República afecta la capacidad para recaudar ingresos tributarios y generan nuevas obligaciones de gasto público. Por lo tanto, de promulgarse, tendrán un impacto negativo en el cumplimiento de las metas fiscales de mediano y largo plazo.

El Tribunal Constitucional ha señalado que las iniciativas parlamentarias que incidan en el gasto público “deben coordinarse con el Poder Ejecutivo en ejercicio del deber de cooperación”.

El CF considera importante formalizar, a través de una norma, los mecanismos que garanticen que en dicha coordinación se cuente con la aceptación explícita por parte del Poder Ejecutivo pues dicho poder del Estado es el responsable exclusivo de administrar la hacienda pública.

El CF vuelve a exhortar a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo a actuar con prudencia en materia de iniciativas con incidencia fiscal en aras de no comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, y reafirma su compromiso de apoyar en forma técnica y dentro de sus competencias a los distintos poderes del Estado para lograr un manejo fiscal responsable que garantice la sostenibilidad fiscal.