El congresista Hamlet Echevarría presentó el proyecto de ley por el cual plantea la modificación de los art. 29, 50 y 51 del Código Penal para que el juez penal pueda imponer penas acumulativas. En la modificación del art. 29, se propone que la pena privativa de libertad puede ser temporal, acumulativa o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de acuerdo a la gravedad del delito cometido por la persona y las circunstancias del caso.

En la modificación del art. 50 sobre concurso real de delitos, propone que cuando concurran varios hechos punibles que deben considerarse como otros delitos independientes, se sumaran de manera aritmética las penas privativas de libertad que fije el juez sin limite máximo. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará está más los años que se sumen de los delitos cometidos.

En la modificación del art. 51 sobre concurso real retrospectivo, sugiere que si después de la sentencia condenatoria se descubriera otro hecho punible cometido antes de ella por el mismo condenado, será sometido a proceso penal y la pena que fije el juez se sumará aritméticamente a la anterior sin limite máximo. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplicará está más los años que sumen de los delitos cometidos, sin perjuicio de fijarse la reparación civil para el nuevo delito.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Echevarría, sostiene que hay altos índices de criminalidad y la percepción de la delincuencia vienen aumentando a consecuencia de la inestabilidad política que vive el país, así como la falta de inteligencia por parte del Ministerio del Interior, al margen que el Congreso sigue aprobando leyes a favor el crimen organizado.

Según el Código Penal, la pena máxima en el país es de 35 años, y el sistema judicial es condescendiente y benigno con la delincuencia y el sistema penitenciario no tiene rigor, y debería ser más represivo y disuasivo, por lo que las penas deben ser acumulativas sin límite máximo como hoy se aplica en la legislación penal de la justicia en México y Estados Unidos.