El 30 de septiembre del 2024, la Comisión Especial que lleva adelante el proceso de selección de los nuevos y nuevas integrantes de la Junta Nacional de Justicia recibió un Balance Ciudadano sobre los problemas de transparencia que han afectado las garantías del concurso de selección.

El balance fue presentado por 62 organizaciones, plataformas y colectivos ciudadanos diversos, y ha sido presentado mediante carta firmada por Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Alfonso Cotera, Secretario de la Plataforma por la Democracia. Entre las organizaciones que firman están la Asociación Nacional de Centros (ANC), el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC), la Red Muqui, el Comité Ana Tallada, etc.

El balance ciudadano señala que el impacto negativo de la falta de transparencia activa y publicidad en la participación ciudadana, el escrutinio público, la igualdad en el proceso de selección, la prevención de conflictos de interés y a las garantías de apariencia de independencia e imparcialidad, han motivado que las 62 organizaciones de la sociedad civil realicen 3 solicitudes con carácter de urgente, siendo la central: “que a la luz de las ausencias irreparables acontecidas hasta el momento para la transparencia y la publicidad del proceso y lo que de ello se deriva (la imposibilidad de la participación ciudadana y el escrutinio público), se decida convocar a un nuevo proceso de selección que contemple lo anterior”.

En la misiva enviada a la Comisión Especial, se señala que: “Este proceso de elección es de la más alta importancia no solo por las funciones que constitucionalmente han sido encargadas a la Junta Nacional de Justicia, sino, sobre todo, por el actual y particular escenario en el que se da: ataques a la institucionalidad e independencia del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Jurado Nacional de Elecciones e incluso de la misma Junta Nacional de Justicia, así como la utilización de medios de fiscalización (como denuncias constitucionales, investigaciones disciplinarias, denuncias penales) que terminan violentando la independencia de algunos operadores y operadoras del sistema de justicia que han venido ejerciendo su función de acuerdo a ley.”.