No hay duda del rol y la importancia de un Juez en un Estado Constitucional de Derecho, ya que sus sentencias pueden frenar los excesos y abusos de autoridades de poderes y organismos del Estado e incluso de particulares. El Día del Juez fue instituido en el gobierno de Velasco por el decreto ley 18918 de 1971 cada 04 de agosto.

Pero, cualquier ciudadano no puede ser un juez. Un magistrado debe contar con ciertas cualidades académicas y valores personales. Fundamentalmente, tiene que sustentar sus fallos con una adecuada motivación de hecho y de derecho. Así lo señala el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política. Eso quiere decir, que el juez en su resolución, debe expresar las razones o justificaciones que lo han llevado a tomar una determinada decisión, las que deben provenir del ordenamiento jurídico aplicable al caso y de los hechos propiamente acreditados en el trámite del proceso.

Si un magistrado emite una resolución con inexistencia de motivación, si la motivación tiene deficiencias, si la motivación es insuficiente o tiene una motivación que es incongruente, entonces estos casos pueden llegar al Tribunal Constitucional, quienes, aplicando el control de constitucionalidad, evaluaran si el fallo judicial pasa el examen de razonabilidad, de coherencia y de suficiencia.

El juez en ocasiones excepcionales, no solo debe efectuar un control de legalidad a un determinado caso concreto, sino también de constitucionalidad y control de convencionalidad, lo que no es habitual en nuestros jueces, ya que algunos son legalistas. Sus fallos no deberían mencionar solo la legislación aplicable a cada caso, sino también agregar la jurisprudencia y de ser el caso, la doctrina correspondiente, para que sus resoluciones tengan consistencia y coherencia.

Al margen del conocimiento jurídico, el magistrado debería hacer respetar su independencia funcional, pero ese derecho no puede ser utilizado para sus caprichos personales. No basta la independencia judicial, sino también, la imparcialidad en cada uno de los procesos que se le presente. Tampoco puede ser neutral cuando tenga en sus manos un expediente de profundo impacto en la sociedad y esos casos son cuando hay una enorme presión mediática, política, económica o social. En esas coyunturas difíciles, tendrá que definir siempre procurando respetar el valor de la justicia, ya que su sentencia puede desencadenar un conflicto social o contribuir a la paz social.

Hoy en nuestro país, los poderes públicos están deslegitimados en todas las encuestas por el soberano por diversas razones, donde también está incluido el Poder Judicial y obviamente sus magistrados de todo nivel. Pero, la verdadera legitimación de los jueces está esencialmente en cómo cumplen diariamente su función de garantizar la efectividad de los derechos de los ciudadanos, su función de control de legalidad de los actos, leyes y resoluciones de los poderes estatales.

Por su puesto que al juez se le debe garantizar su independencia funcional para que actúe en forma imparcial, sin embargo, no puede ni debe ser neutral en la defensa de los derechos humanos y hacer respetar los valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo que garantiza nuestra Carta Magna a todos los ciudadanos.

Al margen de las cualidades jurídicas, un juez debería reunir ciertas atribuciones personales. Entre ellas, su honestidad a toda prueba y especialmente su integridad moral ya que deben ser referentes públicos. Esos son valores que toda sociedad exige a quienes administran justicia a nombre del pueblo. De nada sirve tener a un magistrado con múltiples doctorados y maestrías en su curriculum, si tiene un comportamiento deshonroso en su hogar o con los vecinos de su jurisdicción. Por lo tanto, el juez debe respetar a todos por igual y no creerse un iluminado y extraterrestre que está por encima de todos los mortales. Eso supone que no debe haber jueces muy acartonados, pero tampoco magistrados timoratos que tienen miedo hasta de su sombra.

El magistrado debe ser siempre objetivo y razonable frente a la sociedad. Ya que, de sus decisiones judiciales, dependerá nuestra vida, nuestro honor, nuestra libertad, nuestro patrimonio. Los justiciables tenemos que saber que los jueces son seres humanos y no son infalibles y siempre serán objeto de crítica, ya que en un proceso judicial siempre habrá alguien que gana y otro que pierde, pero podremos recurrir a la pluralidad de instancias si consideramos que un magistrado no emitió una sentencia respetando la legislación y las pruebas presentadas en un proceso. Ese es otro de los derechos que tenemos los ciudadanos en un Estado Constitucional de Derecho.

Sin embargo, como ciudadanos tenemos la obligación de denunciar documentadamente a aquellos jueces que tienen conductas antitéticas, que son prevaricadores y tienen deficiente formación jurídica. El Poder Judicial como poder del Estado, tiene la obligación de auto reformarse y ganarse la confianza de la ciudadanía, ya que más del 80% de la población peruana la desaprueba, tan igual que al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo.

Dos apuntes finales a propósito del Día del Juez en el Perú y Arequipa. La magistrada colombiana Vanessa Ruiz, señaló la importancia de la función social de los magistrados en un Estado Constitucional de Derecho al expresar lo siguiente: “Los tribunales no gozan ni de “ejércitos o soldados” para mantener su autoridad moral y su independencia funcional. Sus “tropas son la confianza pública en sus decisiones jurisdicciones” basadas en la normatividad vigente y en las pruebas presentadas en los procesos judiciales”.

Finalmente, al recordarse el Día del Juez, el destacado filósofo Sócrates señaló que un magistrado judicial debe tener cuatro características permanentes: “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudencialmente y decidir imparcialmente”.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado